El equipo de gobierno del Partido Popular de Orihuela continúa sin renunciar a aprobar en pleno los presupuestos de 2016, pese a que quedan poco más de un cuatrimestre para acabar el ejercicio sin que hasta ahora haya podido llevar el documento a pleno para someterlo a votación. La hoja de ruta económica para este año lleva en los cajones desde diciembre de 2015, tras su elaboración por una empresa externa. Sin embargo, el hecho de que aún no se hayan aprobado los remanentes de 2015, y que deben añadirse a los presupuestos de 2016, así como la liquidación del presupuesto del pasado año -otro trámite necesario para dar luz verde al presupuesto-, hace imposible, hasta el momento su aprobación. El equipo de gobierno ya trabaja en la redacción de la hoja de ruta económica para 2017, que espera llevar a pleno «en octubre o noviembre».
El trámite más enquistado para continuar con el de 2016 es el de la liquidación de 2015. El interventor municipal, Fernando Urruticoechea, efectuó dicha liquidación el 31 de mayo, y comunicó los datos de la misma -que arrojaban, entre otras cosas, una deuda de 20 millones de euros- al Ministerio de Hacienda. Sin embargo, tal y como reconoció ayer el edil de Hacienda, Rafael Almagro, el alcalde, Emilio Bascuñana, no ha firmado el decreto de aprobación de la misma porque «no estamos de acuerdo con el contenido. Los números pueden interpretarse de muchas maneras. Si a un 6 le das la vuelta tienes un 9 y consideramos que hay aspectos a corregir, pues a nuestro entender no es tan catastrofista como la imagen que se quiere vender».
El problema con la modificación de esta liquidación pasa por que Urruticoechea está de baja y su sustituto no tiene la potestad suficiente como para modificarla. Sin embargo, si la baja se prolonga en el tiempo «no habrá más remedio que hacerlo», apuntó Almagro.
La insistencia del equipo de gobierno para querer sacar adelante este presupuesto aunque sea en la recta final del año, pasa porque «ganaríamos cerca de 10 millones de euros en ingresos que solucionarían muchos problemas. El presupuesto de 2012 contemplaba unos ingresos de unos 65 millones de euros, mientras que el de 2017 tiene cerca de 75», apunta Almagro.
Este incremento se debe, principalmente, al aumento de la recaudación del Impuesto de Bienes Inmuebles, pues «a la subida del 10% de 2014 se suma la de este año, y el próximo año subirá otro 7% para equipararnos con la media nacional». Además, a finales de la etapa del gobierno anterior se regularizaron muchas viviendas, como reconoció Almagro, y el IBI es la fuente de financiación principal de los ayuntamientos, por lo que estas subidas supondrían una inyección importante para las arcas municipales.
Inversiones
Sea como fuere, la realidad es que la falta de presupuesto ha supuesto un bloqueo en cuenta a la gestión e inversiones en esta nueva legislatura, algo que, reconoció Almagro, «es frustrante». El equipo de gobierno confía en acometer los proyectos «que llevábamos en nuestro programa electoral, como son la rehabilitación del Palacio de Rubalcava». Almagro lamenta que «se trate de una situación de bloqueo administrativo, porque no creo que pase en ningún ayuntamiento de España que un presupuesto no pueda aprobarse porque esté en un cajón».
