El juzgado de Violencia sobre la mujer número 1 de Orihuela decretó durante la mañana de ayer la puesta en libertad del parlamentario británico Simon Chistopher Danczuk, quien fue detenido el pasado domingo en Algorfa por un presunto delito de malos tratos tras ser denunciado por su expareja, según trasladaron ayer fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV).
El político permaneció dos noches arrestado en dependencias de la Guardia Civil hasta que pasó ayer a disposición judicial y prestó declaración ante la magistrada Rosa María Villegas. También compareció la expareja del parlamentario, quien «no ratificó su relato inicial», según apuntaron las mismas fuentes. Tras su comparecencia, el fiscal pidió el archivo de la causa por entender que los hechos denunciados no habían quedado suficientemente acreditados.
«Con la solicitud del fiscal y al no existir otra acusación, la jueza tiene, necesariamente, que proceder al archivo», explicaron desde el TSJ. Según el auto de sobreseimiento «no ha resultado debidamente justificada la perpetración del delito que ha dado motivo a la formación de la causa».
Discusión en el domicilio
El suceso que dio lugar a la apertura de esta causa ocurrió a última hora de la noche del pasado sábado cuando vecinos de esta localidad de la Vega Baja alertaron a las fuerzas de seguridad de que se estaba produciendo una fuerte pelea en el domicilio en el que está pasando las vacaciones Danczuk junto a su expareja.
El parlamentario explicó ayer a la jueza a través de un servicio de traducción que la discusión se habría desencadenado por un asunto personal entre él y su expareja. Admitió que ambos elevaron el tono de voz, lo que pudo alertar a los residentes de la zona, que llamaron a las fuerzas de seguridad. A su llegada, los agentes de la Benemérita aplicaron el protocolo establecido para los posibles casos de violencia de género y detuvieron entonces al político, que permaneció arrestado hasta ayer.
El parlamentario negó que se hubiera producido cualquier tipo de agresión física, una declaración que fue ratificada por su pareja, que aseguró a la magistrada que no se trataba de violencia machista.
