El concejal de Deportes y Juventud, Pablo Samper, volvió ayer a explicar en rueda de prensa que «el cambio de modelo» en el funcionamiento de las Escuelas Deportivas municipales afecta a algo menos de la mitad del alumnado, y que viene impuesto, recordó, por las condiciones legales de la interventora, que considera que no puede realizarse un contrato de monitores a una empresa externa para que trabajen en horario e instalaciones municipales, como se realizaba hasta la fecha. El Ayuntamiento tiene un número limitado de funcionarios monitores. El resto no podrá seguir realizando su labor habitual, lo que obliga a muchas escuelas a contratar, a través de sus clubes privados, al personal necesario para cubrir muchas de las categorías.
El concejal eludió usar en su intervención la palabra «privatización» para este cambio de modelo, que en el caso de las escuelas deportivas de fútbol y baloncesto, por ejemplo, ha obligado a solicitar 300 euros de matrícula para septiembre y hasta 405 en el caso del fútbol sala, según aseguran los padres. Samper aseguró que ese es el coste no solo de los monitores que deberán asumir, también por las tasas de competición que se han incrementado en todo el deporte base e intentó desvincular ese incremento a la falta de respaldo municipal, condicionada por el criterio de los técnicos. El concejal hizo alusión a un programa de subvenciones que no está redactado para respaldar al alumnado, aunque sí están en marcha varias líneas de ayudas como las subvenciones a clubs o las previstas a promesas en las que se especifica que una parte de la aportación municipal debe emplearse al abono de cuotas.
También dijo que la semana que viene se dará detalle en rueda de prensa sobre cómo van a funcionar desde septiembre todas las escuelas deportivas. Pablo Samper también insistió en el argumento de que los padres de los alumnos, que en muchos de los casos no van a poder asumir ese coste, «están siendo intoxicados».
