Los agricultores afectados por las deficientes infraestructuras hidráulicas derivadas de las obras del AVE, agrupados en torno al Juzgado Privativo de Aguas de Orihuela, acordaron ayer impulsar una comisión técnica para valorar los trabajos que se precisan para subsanar los numerosos defectos que presentan las canalizaciones que conectan con azarbes y acequias. Los regantes creen que el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) es el responsable último de las dificultades de drenaje que están empezando a sufrir ya las zonas de cultivo como consecuencia de unos trabajos que se han realizado de forma defectuosa a través de una trama que, al parecer, habría conseguido desfalcar hasta 17 millones de euros, según la investigación judicial.

Así, esperan tener listo en pocas semanas un informe que recoja las actuaciones que se deben de acometer cuando antes porque está en juego la viabilidad de hasta 800 tahúllas de tierra. Para abordar todo este asunto, el juez de aguas de Orihuela, Francisco Simón, y el síndico general, Joaquín Parra, organizaron ayer una reunión extraordinaria en la que participaron los síndicos y agricultores oriolanos afectados. El objetivo pasa por organizar las actuaciones que se llevarán a cabo con tal de exigir responsabilidades a Adif y pedir que sus infraestructuras hídricas vuelvan a funcionar como antes. Para ello, acordaron realizar una auditoría de todas las zonas perjudicadas y una memoria valorada de lo que habría que hacer para subsanar las deficiencias.

Apoyo de la CHS

Joaquín Parra trasladó que se han puesto en contacto con el presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura, Miguel Ángel Ródenas, quien les ha brindado su apoyo y ha prometido que intercederá con Adif para que el asunto se solucione cuanto antes.

Durante el encuentro de ayer, los agricultores dieron vía libre a los responsables del Juzgado para personarse en el caso judicial como afectados por un supuesto fraude en el que estarían implicados sus antecesores en el cargo, que fueron el exjuez Jesús Abadía, el exsecretario Aníbal Bueno y el que fuera ingeniero de la institución, José Manuel Pujante.

Algunos de los asistentes a la reunión manifestaron que se ha abusado de la buena voluntad de los agricultores porque en los últimos meses se les habría asegurado que todos los desperfectos quedarían subsanados. Ellos mejor que nadie conocen el complejo sistema que el regadío tradicional de la Vega Baja emplea para reutilizar varias veces las aguas mediante las que se riega por inundación. Parra aseguró que fue hace dos semanas cuando preguntó al responsable de la ejecución de las obrasen este tramo sobre cuándo subsanarían todos los defectos de obra, a lo que éste le contesto que la obra ya estaba terminada y que se habían pagado todos los trabajos. Y fue entonces cuando decidieron despedir al ingeniero del juzgado que fue quien cobró por diseñar el plan de trabajo pero no vigiló la ejecución de las obras.