Ya se ha acabado el plazo y ninguno de los 27 ayuntamientos de la Vega Baja ha ofrecido terrenos para acoger de forma voluntaria la estación de transferencia de basuras que precisa la comarca. El Consorcio de Residuos, liderado por el socialista Manuel Pineda, ha fracasado en su primer intento de desbloquear la situación relativa al transporte de los desechos hasta los vertederos autorizados, y pedirá ahora a la Generalitat que asuma las riendas y busque una zona apta para habilitar esta necesaria instalación. Casi con toda probabilidad se precisarán dos plantas, una en la zona costera y otra en un municipio del centro de la Vega.
La negativa de los regidores a ofrecer fincas en las que instalar una planta similar a la de Sagunto, que se emplaza en un polígono industrial y que fue visitada por los alcaldes y concejales de la Vega, obligará a la Generalitat y al Consorcio a mover ficha para buscar una ubicación definitiva. Se trata de un asunto prioritario en la única comarca de la Comunitat que todavía carece de un Plan Zonal en funcionamiento.
Se da la paradoja de que prácticamente todos los gobiernos locales de la Vega se han venido quejando en los últimos meses de lo caro que resulta desplazar los camiones de basura hasta los vertederos de Xixona, Alicante, Elche o Murcia, pero ninguno de ellos ha ofrecido terrenos para solventar esta situación y posibilitar un ahorro de costes.
Ahorro económico
La importancia de esta planta radica en que permitiría que los camiones concentraran en un punto común los desperdicios de los distintos municipios para compactarlos después en grandes camiones y trasladarlos hasta los vertederos, lo que supondría un gran ahorro en términos económicos y medioambientales. De esta forma se evitaría que los vehículos tuvieran que atravesar uno a uno media provincia para abocar las basuras. Además, este asunto ha provocado disputas con las concesionarias de las basuras en distintas localidades, pues las empresas se niegan a asumir el sobrecoste que supone llevar los residuos a vertederos tan lejanos.
El gobierno valenciano está dispuesto a que esta planta de transferencia esté gestionada por la empresa pública Vaersa al entender que es la mejor opción teniendo en cuenta que existe una batalla judicial contra la anterior adjudicataria del Plan Zonal, la UTE Cespa-Ortiz, que perdió la concesión por supuestos incumplimientos del contrato. De esta forma, en el caso de que la UTE acabara ganando los juicios, tanto el Consorcio como la Generalitat estiman que se ahorrarían problemas si la planta de transferencia está gestionada por una empresa pública en lugar de haberse cedido a una empresa privada. Pero nada de esto ha convencido a los regidores, que no han presentado ninguna oferta a la petición del Consorcio.
Prometer que acoger la instalación conllevará ciertas ventajas económicas para el municipio voluntario tampoco ha seducido a los regidores, que temen al rechazo vecinal y tener que enfrentarse a movilizaciones ciudadanas como las que ya surgieron en Cox o Granja de Rocamora, vinculadas al caso Brugal. Para hacer frente a este hecho, el Consorcio de Residuos pondrá en marcha en poco tiempo una estrategia de comunicación mediante la que tratará de concienciar a los vecinos de que una planta de transferencia de estas características no supondrá ninguna molestia porque estaría alejada de los núcleos urbanos.
