Decenas de agricultores del regadío tradicionalde la Vega Baja, y que dependen del Juzgado Privativo de Aguas de Orihuela, denuncian graves deficiencias en las infraestructuras hidráulicas repuestas por Adif tras verse afectadas por el paso de la Alta Velocidad por la comarca, en el tramo que une Crevillent y Murcia. Se trata del mismo segmento en el que un juzgado de Murcia investiga una presunta trama de facturas falsas y «engordamientos» de cerca del 20% en otras tantas. Un fraude que los investigadores han fijado en más de 17 millones de euros y en el que paradójicamente estarían implicados, supuestamente, el exjuez de aguas de ese mismo Juzgado, Jesús Abadía, el exsecretario durante décadas, Aníbal Bueno, y el exingeniero de la institución, recientemente despedido por su vinculación a esta trama, José Manuel Pujante.
Así, los agricultores han contemplado como estas obras, que finalizaron hace apenas dos semanas, no solo suponen un desfalco económico, sino que ponen en grave riesgo el futuro de sus cosechas en más de 800 tahúllas de tierra. Todas las parcelas ubicadas en la margen derecha del AVE en sentido hacia Murcia. El motivo es que una vez repuestas acequias y azarbes, no se han hecho a la profundidad exigida para facilitar el drenaje de las aguas. Esto provoca que el líquido se quede estancado en las parcelas, las encharque, y que el exceso de humedad provoque la podredumbre de raíces y cultivos y, paradójicamente, seque árboles y plantas.
El regadío tradicional es característico por su sistema de riego. En su mayoría, se trata de riego «a manta», es decir, por encharcamiento. Sin embargo, ese agua, una vez utilizada y filtrada al suelo, discurre de nuevo para volver a ser aprovechada para el riego. Y es en este último paso cuando empiezan los problemas pues, las canalizaciones, debido a su profundidad o inclinación, hacen que el agua se acumule en lugar de discurrir de nuevo por los azarbes.
Este diario pudo comprobar in situ, con los agricultores, cómo en numerosas infraestructuras hidráulicas en las inmediaciones de los tubos del trasvase Tajo-Segura a su paso por Orihuela, estas deficiencias que aseguran son claramente manifiestas. «Los pasos de drenaje son fundamentales», explica Joaquín Párraga, síndico general del Juzgado de Aguas y exprofesor durante 35 años de Topografía en la Universidad Miguel Hernández. «Si la cota tiene que estar a un metro de profundidad y estas están a 60 centímetros, el agua no sale». Y esto es lo que pasa en la arroba de Don Ramón o en el Azarbe de Benicatel, en Desamparados, zonas que visitó este diario junto con Parra.
El problema de la falta de drenaje es el principal, pero no el único. La ausencia de arquetas en las aberturas de las acequias hace «imposible la limpieza, que se acumule barro y piedras y que no haya forma de limpiarlo. Se trata de auténticas chapuzas que valen un dineral y que no entendemos cómo se han podido hacer así.
Otra de las infraestructuras que ha eliminado la vía del AVE con respecto a la antigua de cercanías, que ahora discurre unos tres metros por encima del terreno mientras que antes lo hacía a pie de campo, son los pasos que conectaban ambos lados de la vía. La única forma de llegar al otro lado, duran kilómetros, es a pie, lo que origina que los agricultores cuyos terrenos están divididos por la línea ferroviaria, tengan que recorrer largas distancias para ir de una parte a otra, algo que «es un engorro y un sin sentido» en labores como el arado o la recolección.
La indignación entre los agricultores es mayúscula, pues han visto cómo estas obras, terminadas hace tan solo dos semanas, no solo están enmarcadas en una presunta trama de facturas falsas, sino que las que sí se han hecho se han realizado de forma deficiente y pueden provocarle la pérdidas de unas tierras que, en la mayoría de casos, llevan cultivando toda la vida. «El otro día fui a visitar a una mujer, que le faltó llorar contándome cómo le habían dejado las obras y cómo se le estaban secando sus cultivos por el exceso de humedad», apunta Parra. Por tanto, el Juzgado de Aguas verá qué obras se han realizado y cuáles no, para exigir a Adif, responsable última de los trabajos, que sus infraestructuras hídricas vuelvan a funcionar igual que antes.
