La Junta de Gobierno Local aprobó ayer ofrecer a Agamed, que gestiona el ciclo hídrico de Torrevieja, el derecho de superficie sobre el antiguo cuartel de la Guardia Civil de la calle San Pascual para que lo destine a la construcción de sus oficinas administrativas y atención al público. Es una medida que supondrá el ahorro de unos 120.000 euros al año en alquiler, según el equipo de gobierno. Una vez que finalice la concesión del servicio con la empresa, participada mayoritariamente por Hidraqua, el edificio pasará ser de propiedad municipal.
Ahora el Consejo de Administración de Agamed tendrá que dar el visto bueno a esta propuesta para comenzar las obras de rehabilitación de las edificaciones que componen el bien municipal que se le ha cedido, con un coste aproximado de 1,8 millones de euros . Serrano expresó su «extrañeza» por el hecho de que hasta la fecha a ningún gobierno anterior se le hubiera ocurrido «proponerle a Agamed -con capital municipal en 26%- una solución más eficiente y racional en relación con las instalaciones de atención al publico y de tramitación de las que dispone la concesionaria en la ciudad, cuando el coste del edificio que va a hacer Agamed revertirá al Ayuntamiento una vez que finalice el periodo concesional».
El anteproyecto contempla mantener elementos de interés de este antiguo edificio -no por decisión municipal, porque están protegidos en el PGOU-, entre los que se encuentran unos techos metálicos que se van a preservar, así como la garita situada en la esquina de la calle San Pascual y la calle Zoa. El equipo de gobierno espera que el Consejo de Administración apruebe la cesión, que no afecta a la sede de Alimentos Solidarios, y el comienzo de las obras pueda ser una realidad a finales de este año.
Futuro
El futuro traslado no ha sido acogido con buenos ojos por una parte de la plantilla de la concesionaria, en la que trabajan casi cien personas, ya que los saca del centro de la ciudad, aunque la nueva ubicación también está cerca del centro y el Ayuntamiento asegura que servirá para revitalizar esa zona del norte del casco urbano, en torno a la calle Zoa y la plaza de La Habana.
Las actuales oficinas están en la calle Caballero de Rodas, en dos inmuebles. Los contratos de arrendamiento se realizaron hace 17 años sin supervisión administrativa del Ayuntamiento -no lo contempla la ley-, pese al carácter mixto de la empresa y la participación municipal, minoritaria, en los costes y beneficios. El traslado perjudica al arrendatario y, en alguna medida, a la actividad comercial de una zona caracterizada por concentrar sedes de servicios públicos.
La junta de gobierno también ha aprobado el inicio del expediente de contratación mediante el procedimiento de negociado sin publicidad para el alquiler de 90 ordenadores personales, con opción a compra. La licitación se lleva a cabo por 72.598'52 euros. Con este contrato se pretende resolver el problema que supone que una parte de los ordenadores personal que se utilizan en diversos departamentos no permitan ejecutar, de modo ágil, algunas aplicaciones informáticas, además de que presentan unas tasas de averías muy elevadas por su antigüedad. El arrendamiento será por un periodo de cuatro años.
