El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Orihuela pide 150.000 euros al año a la Generalitat Valenciana, en concepto de alquiler, para llegar a un acuerdo en cuanto al uso por parte de la Conselleria de los edificios del Palacio de Justicia, que se construyeron en 2005 a cargo de las arcas municipales pese a ser competencia del Consell, con un coste de seis millones de euros. Pese a que ambas instituciones parecen cerca de llegar a un acuerdo, éste aún no ha sido posible precisamente por este requerimiento por parte del gobierno municipal, que no se conforma con la contraoferta presentada por Justicia, el área que ostenta la socialista Gabriela Bravo.
El Consell, por su parte, ofrece un pago por el alquiler tres veces menor, de 50.000 euros, pero oferta a cambio de la cesión del edificio de los antiguos juzgados, que el Consistorio lleva años reclamando para utilizarlo como instalaciones municipales y reducir la factura de 600.000 euros en concepto de alquileres en otros locales, a lo que suma la cesión de la casa natal de Miguel Hernández, que continúa cerrada, así como el edificio del Museo de la Muralla, cuya titularidad ostenta el Consell. Sin embargo, esta oferta ha sido rechazada por parte del equipo de gobierno, pese a que en las reuniones mantenidas por el Consell y el Ayuntamiento ha entrado en negociación la cesión de un cuarto edificio, si bien no ha trascendido de qué inmueble se trata.
La Conselleria ofrece esos 50.000 euros de alquiler del edificio de los nuevos juzgados durante tres años, momento en el que se pondrá solución definitiva al asunto, ya sea mediante su compra al Consistorio u otro acuerdo entre ambas administraciones. El motivo por el que el Consistorio no aceptaría la totalidad del acuerdo pasa porque estas cesiones supondrían ciertos gastos que el Ayuntamiento no puede asumir. En el caso de la casa natal, la responsabilidad sobre su apertura, reclamada también desde hace años, recaería así en el Consistorio, por lo que supondría un gasto más que una contraprestación.
El edil de Patrimonio, Rafael Almagro, apuntó a este diario que «en estos casos -alquileres de edificios- suele pedirse entorno al 4% anual de su coste total -seis millones de euros-, y nosotros estamos pidiendo un 3%. Entendemos que no estén de acuerdo, cada administración vela por lo suyo, pero esperamos llegar a un acuerdo durante el mes de agosto. Por su parte, la portavoz socialista de Orihuela, Carolina Gracia, apuntó que no se ha llegado a un acuerdo «porque no se ha querido. Había la posibilidad de haber firmado ese acuerdo-tras la oferta de la Conselleria-a mediados de julio. Pero está claro que no les interesa».
Reversión
En lo que sí hay consenso por parte de ambas administraciones es en descartar la reversión de los antiguos juzgados al Ayuntamiento, es decir que pasen a ser propiedad municipal. Un procedimiento que Justicia alegó que era ilegal al haberse sobrepasado los plazos para solicitar dicha reversión, pese a que tanto el alcalde, Emilio Bascuñana, como el edil de Patrimonio, Rafael Almagro, llegaron a decir que era la única posibilidad que contemplaban y que la defenderían en los juzgados.
Ahora, y tras varias reuniones entre las administraciones, tras la creación incluso de una mesa de técnicos y juristas para decidir sobre la figura de la reversión o la cesión, las posturas están más cerca, pues si bien existe esa disparidad económica en cuanto a las cuantías, las cesiones de edificios de titularidad de la Generalitat al Ayuntamiento podrían equilibrar la balanza para cerrar un trato entre el Consell y el Ayuntamiento, poniendo fin así a un conflicto que se arrastra durante años y que ha tenido intentos de acuerdo fallidos. Incluso la exedil socialista Antonia Moreno llegó a amenazar en su día a Justicia con desahuciarlos del Palacio por usar un edificio de titularidad municipal.
