Las calles de Torrevieja, en el centro y urbanizaciones, están más sucias este verano que nunca. Esa es la impresión y denuncia del grupo mayoritario de la oposición del PP al gobierno pentapartito que ayer mostró algunos ejemplos de lo que considera una dejadez por parte de la empresa que lleva a cabo el servicio, Acciona, y del gobierno local, que debe velar por el cumplimiento de la prestación. La edil Carmen Gómez explicó que el supuesto abandono de las obligaciones de la firma se deja notar en especial en la falta de baldeo de contenedores, aceras, calzadas, esquinas y en torno a las zonas en las que se encuentran los puntos de recogida.

La edil mostró un despliegue de imágenes en las que se podía observar contenedores repletos en urbanizaciones sin recoger a las 12 del mediodía, enseres y muebles acumulados junto a los puntos de vertido de residuos orgánicos y esquinas y aceras negras de suciedad, en zonas turísticas como el Paseo de Juan Aparicio. También resaltó la invasión de cartelería en farolas y espacios públicos, incluida la de actos de otros ayuntamientos -por ejemplo, no se ha retirado parte de la usada para la misa multitudinaria de la Inmaculada-. Ante la denuncia en rueda de prensa del PP el gobierno pentapartito, que guarda silencio desde hace semanas sobre el trámite de municipalización de las basuras, no reaccionó, aunque este diario pudo confirmar que el malestar por la limpieza es también evidente entre las filas del gobierno y no solo en la oposición.

«Torrevieja está sucia y maloliente», remarcó Gómez, responsabilizando, de paso, al alcalde José Manuel Dolón, de la situación y para el que, a su juicio, «la limpieza de Torrevieja sólo ha sido un granero de votos, actualmente plagado de roedores y gorgojos» y recordó que el servicio se realiza sin contrato y se desconoce si cuenta con supervisión municipal

A este panorama en las calles, se suma la rocambolesca situación administrativa con la que se presta el servicio: el gobierno de Torrevieja aprobó en el pleno el proceso de municipalización de la recogida de basura, entre otros muchos motivos porque el servicio de Acciona ya era considerado muy deficiente por los técnicos, que además señalaban que esas carencias eran motivo de rescisión de la contrata. También recordaba el alcalde para apuntillar estos informes la condena por amaño de la contrata en 2004 que le costó 3 años de cárcel al exalcalde Pedro Hernández. Como la adjudicación expiraba el 13 de junio y la municipalización carecía de presupuesto para ponerse en marcha -el Ayuntamiento funciona con el prorrogado de 2015- , el pentapartito se vio con las manos atadas y dependiendo de la empresa a la que pretendía echar. Al mismo tiempo que rescindía el contrato a Acciona, días antes de que expirara el contrato, y le reclamaba más de dos y medio de euros por los servicios sin prestar y las instalaciones sin construir desde 2004, -fecha en la que se inició la concesión a la multinacional-; negociaba que se quedara para que la basura no se quedara en la calle, al menos, hasta final de año. Todo sin contrato, a través de una prórroga «tácita» contra la que informó la interventora. Aunque públicamente el alcalde vendió que el acuerdo por el que Acciona desarrolla el servicio ahora es esa prórroga, lo cierto es que la empresa desarrolla el servicio por un acuerdo unilateral en el que el acepta asumir la prestación en las mismas condiciones que lo hacía antes, sin contrato, y cobrando mes a mes.

Dos prórrogas

La interventora decía en su informe que la empresa ya había agotado las dos prórrogas a las que tenía derecho y señalaba precisamente que el Ayuntamiento quería confiar de nuevo en una empresa a la que acaba de rescindir el contrato por deficiencias en la prestación. Esa es otra de las grandes incógnitas que el gobierno local se niega a desvelar públicamente. Cuánto va a costar el servicio desde el momento en el que concluyó la contrata y hasta que no se municipalice. Fuentes cercanas a la gestión municipal sitúan la cifra por encima del millón y medio de euros. Acciona ingresaba en torno a 16 millones en su último ejercicio con contrato de recogida de residuos, limpieza viaria y playas.