El alcalde de San Fulgencio acusa al fiscal Pablo Romero de perseguirlo «por ser del PP»

Carlos Ramírez asegura que Romero «miente» en sus conclusiones en la causa que lo sitúa al borde del banquillo

25.07.2016 | 07:52
El fiscal, Pablo Romero.

El alcalde de San Fulgencio, Carlos Ramírez (PP), aseguró ayer a INFORMACIÓN que el fiscal Anticorrupción, Pablo Romero, «miente» en sus conclusiones en la causa que investiga el juzgado de instrucción Número 1 de Orihuela relativo a la contratación sin concurso de una empresa que contrató a un solo empleado para que ejerciera de conserje en el polideportivo La Marina. El juez, como ha publicado este periódico, ha cerrado la investigación contra Ramírez, considerando que existen indicios suficientes de la presunta comisión de los delitos de prevaricación, fraude y exacciones legales.

El regidor sanfulgentino se basa, para acusar al fiscal de mentir, en la parte en la que señala que despidió «de forma inmediata» una vez llegó al poder en mayo de 2011, al trabajador que había contratado la empresa siendo alcaldesa la socialista Trinidad Martínez. Sin embargo, Ramírez asegura que no fue despedido hasta el 1 de octubre de 2012, fecha en la que empezó a trabajar como conserje del polideportivo una mujer que, reconoce, que es simpatizante del PP y su contratación se debió «a la rotación que me gusta para dar trabajo a diferentes personas», señaló a este medio el alcalde. «Tardé 14 meses en contratar a otra persona y no sabía nada de ese contrato cuando entré, ya que lo firmó Trinidad Martínez tres meses antes de ganar yo las elecciones».

El juez ha retirado la imputación a Martínez y mantiene que Carlos Ramírez mantuvo esa presunta contratación irregular con la empresa Servicios Deportivos S. C. hasta diciembre de 2014, cuando sacó a concurso público dicha plaza de conserje, «siendo consciente de la ilegalidad que supuestamente cometía», ya que se trataría de una adjudicación directa que «vulneró» los procedimientos de adjudicación «causando una importante defraudación al Ayuntamiento». Ramírez defiende que no sacó el concurso público «hasta que el Gobierno de España me dejó, ya que estamos sujetos a su visto bueno para hacer cualquier tipo de contratación». El regidor anuncia que va a recurrir y que irá contra el fiscal «por no decir la verdad, lo que es muy grave», y lo acusa de tener un afán persecutorio contra él «por ser del PP. Lo mismo ocurre con la causa del club de Fútbol Sporting. Romero siempre recalca la vinculación política, lo hizo con el tema del fútbol (el presidente, Antonio Irles es el ex secretario del PP local) y lo hace ahora con la empleada, que es afín a mi partido, pero Irles cobró como monitor del consistorio siendo alcaldesa Martínez». Y añadió que «hasta el último céntimo está justificado. Yo me encontré algo y lo continué, no sabía que estaba mal hecho. Después vi que el contrato que firmó la ex regidora era sólo un folio por una cara, de un mero presupuesto que pasó la empresa». Y asegura que no le han llamado de su partido pidiéndole explicaciones por estar investigado en esas causas.

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