La sección VII de la Audiencia, con sede en Elche, ha desestimado el recurso presentado por la defensa jurídica de Pepa Ferrando, exconcejal de Turismo del Ayuntamiento de Orihuela y portavoz de Foro Demócrata en la actual corporación, para evitar que continuara el procedimiento por cuatro delitos de prevaricación administrativa en concurso con fraude por los contratos de Fitur. El procedimiento judicial se abrió a raíz de una denuncia que presentó el PSOE el pasado mandato aprovechando el acceso a los expedientes municipales tras llegar al equipo de gobierno y donde observó un supuesto fraccionamiento de estos contratos.
El auto ahora desestimado abría la fase de procedimiento abreviado y, de hecho, la misma continuó adelante porque el recurso presentado por la defensa de la que también fue presidenta del PP no era suspensivo. De hecho, el fiscal le ha solicitado ya una pena de 9 años de prisión. Todo hace indicar que se sentará en el banquillo en un juzgado de lo Penal de Orihuela. El auto de la Audiencia es muy escueto. La defensa alegaba que la decisión que había adoptado la magistrada no estaba motivada: «Desconociendo las razones que habían llevado a la magistrada a considerar los hechos constitutivos de delito y la implicación en los mismos de la señora Ferrando» y añadía que de las pruebas practicadas durante la fase inicial del procedimiento no se había desprendido la participación de su representada.
La Audiencia contesta que el auto es correcto porque se especifican de «manera preceptiva los hechos punibles y la persona a la que se imputa, de manera que esta resolución procesal actúa a modo de control de que el procedimiento no se dirige ni por hechos distintos a los que motivaron su incoación ni contra personas diferentes». También añade que este auto no es más que «un filtro procesal que evita acusaciones sorpresivas e infundadas». En relación con el alegato de que no se desprende delito en la actuación de Ferrando, se añade en el auto que la jueza coincide en esencia con el fiscal tanto en la valoración jurídica de los hechos como en la imputación de los mismos a Ferrando.
Por cada delito a Ferrando se le solicitan dos años y tres meses de cárcel. Al tratarse de cuatro delitos en concurso sumarían nueve años de prisión. «El auto no menoscaba en modo alguno los principios rectores del proceso penal y mucho menos el principio constitucional de presunción de inocencia», concluye la Audiencia.
