El anuncio del Ministerio de Agricultura relativo a una nueva cesión de 25 hectómetros cúbicos de agua de la cuenca del Segura a los regantes que se nutren del trasvase del Tajo ha puesto en pie de guerra a la agricultura tradicional de la Vega Baja. Las 17 comunidades de regantes creen que este nuevo recorte de suministro tendrá graves consecuencias para sus cosechas y han organizado una reunión de urgencia a principios de la próxima semana para valorar la situación. Algunos de ellos ya temen que tendrán que reducir la extensión de sus cultivos para no perder dinero en caso de que les falte un agua a la que consideran que tienen derecho.
El juez de aguas del Azud de Alfeitamí de Almoradí, Carlos Barrera, valoró ayer que las «medidas excepcionales» aprobadas por el Ministerio no son más que «quitarnos agua al regadío tradicional para dársela a ellos». Pero en su opinión «todo lo que suma, resta, porque si se suman hectómetros cedidos al trasvase, se resta a los regantes tradicionales». El mismo se pregunta cómo se puede garantizar que van a devolver ese agua a partir de octubre si todavía no se sabe si tendrán recursos suficientes. «Me temo que si hay lluvias torrenciales en otoño entonces nos querrán devolver en ese momento el agua, que será cuando ya no nos haga falta. Es algo absurdo porque se está desvistiendo un santo para vestir otro».
Aumentar la extensión
Barrera cree que muchos agricultores estaban planteando este año aumentar la extensión de cultivos como el de la alcachofa, animados por el buen precio de venta, y ahora «tenemos que comunicar a los regantes que probablemente desde ahora y hasta octubre no podrán regar las parcelas en su totalidad». «No podemos prohibir nada pero sí hacerles ver que si tenemos una climatología adversa no podrán regar todas sus tierras».
El juez de aguas de Almoradí defiende que habrá que poner todos los medios necesarios para optimizar el uso del agua para regadío, pero ve «muy injusto» que los regantes tradicionales que tienen derecho al agua del Segura tengan que aminorar sus cultivos cuando esa es una medida que deberían de adoptar los agricultores del Tajo, que son quienes no tienen agua «y pretenden mantener la extensión de sus cultivos al cien por cien».
Barrera calificó como una «aberración» este nuevo «ataque» que están sufriendo para poder mantener su derecho al regadío y dijo que se valorará la posibilidad de presentar recursos en los tribunales para defender sus derechos históricos al uso del agua.
