La sección VII de la Audiencia, con sede en Elche, ha desestimado el recurso presentado por el alcalde de San Fulgencio, Carlos Ramírez (Partido Popular) contra la resolución del juzgado de Instrucción 2 de Orihuela que el 12 de diciembre de 2014 dictó un auto por el cual acercaba al banquillo al regidor por un delito de prevaricación administrativa al, supuestamente, haber beneficiado a un club deportivo en manos de un responsable local del Partido Popular, Antonio Irles, también investigado en esta causa.
El auto, que ha tardado año y medio en ser resuelto por la Audiencia, no detuvo el procedimiento. De hecho, dos meses después de ser dictado por el juzgado el fiscal Anticorrupción solicitaba la apertura de juicio contra estos dos acusados y contra el concejal Pascual Sempere para los que pide una pena de 9 años de inhabilitación especial para cargo público.
La Audiencia resuelve en poco más de dos folios el recurso, para desestimarlo, con el argumento de que el auto del magistrado estaba «plenamente razonado» y recuerda que es suficiente «la existencia de indicios racionales de criminalidad», añadiendo que no tiene en cuenta los argumentos de la defensa pues «no es este el momento de valoración integral de la prueba (...) máxime porque cuestiones como la cesión gratuita, la subvención al efecto y si es delito por sobrepasar la cuantía determinada por ley para la adjudicación directa, el principio de intervención mínima, la legalidad administrativa, etc... se trata de un tema complejo, impropio de resolución de este trámite, sino del juicio oral».
El escrito del fiscal contra Ramírez es muy contundente y recuerda cómo a la conclusión en junio de 2011 -el mismo que había llegado a la Alcaldía- del contrato con la entidad servicios deportivos por un importe de 67.664 euros más 5.413 de IVA, «los acusados se concertaron entre sí a fin de que el citado servicio se adjudicara según sus personales intereses en contravención de la normativa reguladora de la contratación administrativa». Así Mojica, como edil de Deportes, y Ramírez, como alcalde, evitaron otro concurso público para la adjudicación, dice el fiscal, «siendo todos los acusados plenamente conscientes no sólo de lo ilícito, sino también de lo injusto, arbitrario y torticero de sus actuaciones».
El 18 de julio de 2011, Antonio Irles, junto a otras cuatro personas más, constituyó el Club de Fútbol Sporting de San Fulgencio y al día siguiente presentó una solicitud para usar de forma gratuita las instalaciones deportivas. Lo que se autorizó dos días más tarde, «los acusados, señor Ramírez y señor Sempere votaron a favor siendo conscientes de la necesidad de esta atribución como paso previo para alcanzar la arbitraria adjudicación directa del servicio de monitores deportivos que era lo que en todo momento pretendían». El 23 de agosto Irles presentó en el Ayuntamiento una solicitud interesando la entrega a favor del club del 100% de la subvención para sufragar todos los gastos del deporte en las escuelas deportivas, «solicitud que, pese a que en esa fecha no constaba ningún tipo de atribución a la entidad peticionaria relativa a los servicios de las escuelas deportivas, fue introducida en el orden del día de la sesión ordinaria y autorizada». En septiembre se firmó un convenio de colaboración para que el club gestionara los servicios deportivos por un año hasta adjudicar el contrato de servicios, «se supone que el 2012-2013». En ese acuerdo también se cedió al club las escuelas deportivas. Pese a que aquel acuerdo fue por un año, «los servicios deportivos han seguido siendo prestados por el Club de Fútbol Sporting de San Fulgencio, al menos, hasta septiembre de 2014 por lo que la entidad ha percibido, «un total de 48 subvenciones por un importe total a los 190.000 euros y «habiendo excedido de horma notoria el importe entregado por el Ayuntamiento de San Fulgencio» de 18.000 euros en cada uno de los cursos en los que el club ha estado prestado los servicios. El fiscal solicitaba en su escrito la declaración de varios concejales en San Fulgencio que ya están apartados de la política, caso de Trinidad Martínez o Jeffrey Witold Wiszniewshi, el edil que dio el voto que necesitó Ramírez su primer mandato para tener la mayoría absoluta, algo que consiguió sin apoyos hace ahora un año. El alcalde reiteró ayer al periódico sus declaraciones sobre este asunto, asegurando que no iba a dimitir, que cuenta con el respaldo del partido, que no se trata de un caso de corrupción sino de un pago de facturas que se realiza en muchos municipios «pero que aquí no tiene ni los reparos de intervención» y espera ser absuelto.
