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Benejúzar

El PSOE respalda a sus 5 ediles a la espera de juicio por delito electoral y no les pide su dimisión

El secretario de los socialistas de la Vega Baja esgrime que no se trata de un delito de corrupción

M. López Arenas, en el juzgado. tony sevilla

Al secretario general del PSOE de la Vega Baja, Manuel Pineda, ni se le ha pasado por la cabeza pedir al dimisión de los cinco concejales que conforman el PSOE de Benejúzar, después de que la jueza titular del juzgado Número 3 de Orihuela haya decretado la apertura de juicio oral por la supuesta comisión de un delito electoral. El líder de los socialistas de la comarca, a la sazón diputado autonómico del PSPV, cree que este asunto no está relacionado con la corrupción y, por tanto, el código ético del partido les permite seguir ejerciendo el cargo con total normalidad.

Pineda recordó que los cinco imputados han presentado un recurso de apelación a la Audiencia provincial -tras ser desestimado su recurso de reforma- y que será esta institución la que decida si tendrán que sentarse o no en el banquillo. Entre los acusados está el portavoz del grupo, Miguel López Arenas, que trabaja en la actualidad como asesor del PSOE en la Diputación; y Antonio García Gómez, fichado como alto cargo de la Conselleria de Sanidad que dirige Carmen Montón, en concreto como comisionado del Hospital de Torrevieja, cargo que le faculta para fiscalizar la concesión de este servicio a una empresa privada.

«En el código ético interpretamos que se deje el cargo por delitos de corrupción y no es el caso. No veo que tengan que dimitir. La decisión la tomará el Comité de Derechos y Garantías del partido una vez que haya sentencia, si es que la hay, porque la apertura de juicio está recurrida», dijo Pineda. El socialista cree desmesurada la actuación judicial teniendo en cuenta que se repartieron unos papeles «que nadie sabe quien los repartió y en los que no se pedía el voto para el PSOE».

Sin embargo, la magistrada Rosa María Villegas no piensa lo mismo porque ha abierto juicio oral precisamente por que se pidiera el voto antes de lo permitido por la Ley en los últimos comicios municipales. En su auto estima que los hechos son «indiciariamente constitutivos de delito electoral y que existen indicios racionales de criminalidad». El Ministerio Fiscal pide una pena de 15 meses de multa con una cuota diaria de 10 euros y tres años de inhabilitación especial para el ejercicio de sufragio pasivo. La acusación particular, ejercida por el PP, pide seis meses de prisión para los procesados.

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