El equipo de gobierno de Orihuela aprobará hoy, durante la sesión extraordinaria de la junta de gobierno local, la desestimación de las alegaciones y el cierre de la mercantil Recursos Álvarez SL, tras la resolución emitida el 6 de julio por el Síndic de Greuges, José Cholbi. En ella instaba tanto al Ayuntamiento como a la Conselleria al decretar el cese de actividad de la mercantil, «para evitar el ejercicio de la actividad de una planta de basuras por ser incompatible con el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), no tener ni la declaración de interés comunitario ni las preceptivas licencias ambientales y de tratamiento de residuos».
Esta empresa, ubicada junto a la N-332 a la altura de los tubos del trasvase, gestiona la recogida de basuras de siete municipios de la Vega Baja: Benferri, Bigastro, Benejúzar, Benijófar, Algorfa, Los Montesinos y San Miguel de Salinas, además de al Hospital Vega Baja. En total, la mercantil gestiona cada mes un millar de toneladas.
Una socia de Greenpeace fue la que presentó la denuncia hace varios meses contra esta planta tanto ante el Ayuntamiento como la Conselleria y al no tener respuesta se dirigió a la Síndicatura de Greuges, lo que dio lugar a la resolución de la institución valenciana y, ahora, al decreto de cese de actividad por parte del Ayuntamiento. El Consistorio ya apuntó al defensor del pueblo valenciano que para continuar con su actividad, la empresa necesitaría una declaración de interés comunitario, para lo que haría falta una superficie mínima de una hectárea «con la que no cuenta». Además su actividad es incompatible con el PGOU, otro motivo más para el cierre.
«No es definitivo»
La concejala de Urbanismo, Begoña Cuartero (Partido Popular), confirmó ayer a este diario que hoy se procederá a decretar el cierre, «que no es definitivo. Ahora la empresa tiene 15 días para volver a presentar alegaciones. Pasado ese tiempo, si no lo hace, sí se procederá al cierre y precintado policial».
Por su parte, el gerente de Recursos álvarez S.L., José Antonio Álvarez, apuntó ayer que la empresa que dirige «no funciona como una planta de transferencia. Somos solo un parking, un lugar donde se guardan los camiones que recogen la basura hasta que al día siguiente se llevan a los vertederos de Elche, Villena y Xixona. Aquí se guardan los camiones porque, tras una larga noche de recogida, los chóferes no pueden hacer más horas hasta llevarlos al vertedero, pero la basura no se trata ni se saca del camión. Son los mismos camiones que entran los que salen luego al vertedero».
Cuartero confirmó que la empresa carece de cualquier tipo de licencia ni para esa actividad ni para cualquier otra. Desde la mercantil reconocieron que también gestionan contenedores de residuos para obras y poseen una zona de mecánica para el mantenimiento de los camiones.
Tras el cese de actividad, aún queda por conocer la sanción que impondrá la Generalitat en materia de Medio Ambiente, pues el Consell ya confirmó al Síndic que estaba a la espera de un informe policial para decretar si era pertinente. Una sanción que la ley contempla como «muy grave» para los delitos de tratamiento de residuos sin licencia.
Llama la atención que pese a que la actividad de esta empresa se remonta a muchos años atrás, ninguna administración ha procedido a regularizarla. Cuartero confirmó que «lleva años así», pero no ha sido hasta que Greenpeace denunció la irregularidad y el Síndic instó al Ayuntamiento y a la Generalitat al cierre y sanciones correspondientes cuando estas se han llevado a cabo.
