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Dolores

El fiscal acusa al exalcalde de 5 delitos por dejar construir un bar ilegal en un parque

El Ministerio Público concluye que el local se construyó «gracias a la intervención del imputado»

Una imagen del bar levantado en un parque. información

El Juzgado de instrucción Número dos de Orihuela está concluyendo la fase de diligencias previas en relación al caso de la construcción ilegal de un bar en un parque del municipio de Dolores durante el mandato del exalcalde Gabriel Gascón (PP). La Fiscalía Anticorrupción sostiene que los hechos podrían ser constitutivos de un delito contra la ordenación del territorio, prevaricación genérica y administrativa, tráfico de influencias, fraude y falsedad documental. Por ello ha solicitado que se inicie la fase de procedimiento abreviado previa al posible juicio en el que se encuentran investigados (antes llamados imputados)un técnico municipal, el exregidor y un familiar suyo que se hizo con la concesión del restaurante.

El Ministerio fiscal solicitó al juez que ofreciera al Ayuntamiento su personación en el caso como entidad perjudicada para poder reclamar por los daños y perjuicios que hubiera podido causar todo este asunto. Según fuentes municipales, el gabinete jurídico del consistorio ya está recopilando toda la documentación necesaria para personarse en la causa.

La denuncia por estos hechos fue interpuesta por el grupo independiente Renovación. En concreto, se puso en conocimiento del fiscal la supuesta permisividad con respecto a la construcción ilegal de un restaurante en una zona verde donde se autorizó la puesta en marcha de un simple kiosko, una situación que el Ayuntamiento no solo no sancionó, sino que permitió que la actividad continuara sin cobrar si quiera al adjudicatario el canon que establecía el pliego de condiciones.

Según la investigación judicial, el PGOU sólo permitía levantar un kiosko de 20 metros pero el consistorio dio licencia para uno de 49,25 metros. Finalmente y con el paso del tiempo, el concesionario de la adjudicación levantó un bar de 110 metros cuadrados.

Tras prestar declaración el exregidor, el concesionario del restaurante y el técnico procesado por este asunto, el fiscal concluyó que, aunque defienden que sus actuaciones fueron lícitas, lo cierto es que se tramitaron expedientes que pretendían servir para legalizar las obras de ampliación realizadas en el bar, lo que «sirve para reforzar la autoría de las graves infracciones penales detectadas».

El fiscal ha concluido que «de lo actuado hasta el momento se desprende que en el proyecto inicial constructivo del kiosko se incumplían los parámetros establecidos en el Plan General. La adjudicación se supeditó a una serie de condiciones cuyo incumplimiento comportaría la resolución de la concesión, incumplimiento que se produce desde el principio dada la fecha de finalización de la construcción y puesta en marcha de la actividad, pese a lo cual desde el inicio estas obligaciones fueron incumplidas, en beneficio del concesionario y en perjuicio del erario e intereses municipales».

«Conocía los hechos»

A pesar de todo ello «no se adoptaron por el máximo responsable municipal, el alcalde, que era perfecto conocedor de los hechos, ninguna medida tendente a la protección de los intereses municipales, sino que se permitió la terminación de las ilegales construcciones en el kiosko, incluso respaldadas por el informe técnico municipal, constando como último acto del expediente un intento de regularización de la situación mediante la adquisición de la obra ilegal con condonación, compensación de las deudas cuyo impago hubiera debido de determinar la resolución de la concesión».

Gascón no quiso hacer ayer ninguna declaración. La dirección de su partido dijo que solo se tomarán medidas si se abre juicio oral.

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