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Torrevieja

Ediles del PP declararán como investigados por supuesto delito electoral en el geriátrico en 2015

La denuncia de PSOE y APTCe dice que habrían condicionado el voto de un grupo de residentes

Imagen de la Residencia La Inmaculada de Torrevieja. información

La titular del Juzgado de Instrucción 3 de Torrevieja ha llamado a declarar en calidad de investigados a concejales, exconcejales, exasesores del PP en relación a un supuesto delito electoral. En el procedimiento se trata de averiguar un supuesto delito electoral por parte de miembros de esta formación en la tramitación del voto por correo, otorgado por poderes a un notario, de los usuarios de una residencia de la tercera edad de Torrevieja.

En la primera comparecencia acudirán a declarar la edil Rosario Martínez Chazarra, dos exasesoras y una notaria de Torrevieja para el próximo 30 de junio. La resolución de la jueza Yolanda Candela es muy reciente, se notificó el pasado martes. Está previsto que en semanas posteriores la magistrada llame a declarar a quienes fueron señalados en el escrito remitido a la Fiscalía, entre los que figura la entonces edil de Tercera Edad, Inmaculada Montesinos, entre otros.

En la denuncia presentada por el PSOE y Alternativa Popular se indicaba que días antes de las elecciones municipales, en concreto el 8 de mayo de 2015, un grupo de miembros del PP orientaron supuestamente con su actuación en el interior de la residencia el voto por correo de los residentes con discapacidad física. La denuncia se acompañó con imágenes de quienes acudieron a la residencia, gestionada por una congregación religiosa. También se indica que las gestiones para declarar válidos a los residentes para ejercer el voto fueron realizadas por un médico, en su día concejal del Ayuntamiento de Torrevieja por el PP. Según el escrito de la denuncia una parte de los residentes al que el PP asesoró no estaba capacitado para ejercer el voto «y no sabía ni lo que estaba pasando». Los denunciantes, en ese momento en la oposición y ahora en el gobierno, dijeron que las acciones judiciales se ejercían no por el volumen de votos, si no para advertir de una práctica que entendían que supuestamente era habitual en el PP local en cada cita electoral, en una residencia gestionada por una Fundación presidida en aquel momento por el alcalde Eduardo Dolón.

El número de votos por poderes de esos residentes fue reducido, 15 en total. De hecho, la junta electoral de zona rechazó la petición para que se paralizara el recuento en la mesa a la que llegaron los votos. La denuncia fue archivada por la propia junta pero después la Fiscalía decidió investigar y la jueza prorrogar el plazo de averiguación de los hechos durante, al menos, seis meses más desde este mes de mayo, al considerar la causa «compleja». El PP se defendió de la denuncia asegurando que todo el proceso está reglado en la legislación y estuvo supervisado por notario, y que otras formaciones tuvieron la oportunidad de actuar de lo misma forma.

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