El fiscal Anticorrupción, Pablo Romero, ha solicitado la apertura de juicio ante la Audiencia contra tres exconcejales del Partido Popular a los que acusa de autorizar facturas por servicios sin contrato en beneficio de cinco empresas, entre 2004 y 2008 y por un montante de 1,8 millones de euros. Cada uno se enfrenta a una pena de prisión de cuatro años de cárcel y 12 de años y seis meses de inhabilitación para cargo público por un delito de fraude y de otros 12 años y seis meses de inhabilitación por supuesta prevaricación. Los acusados son Antonio Rodríguez Murcia, Manuel Abadía y José Antonio Aniorte. Sobre los tres exediles también fija una responsabilidad civil solidaria de 211.573 euros, en beneficio del Ayuntamiento de Orihuela y otra individualizada de 20.424 y 42.186 euros (Aniorte), 26.246 (Aniorte y Abadía) y 43.143 euros (Aniorte y Rodríguez Murcia). El Ministerio Público también dirige las actuaciones contra las empresas beneficiadas: Colsur, Orihuela Costa Servicios Inmobiliarios, Orihuela UTE, Zaplana y Caselles e Intensilux.
Las diligencias nacieron de una denuncia de la entonces portavoz del PSOE, Antonia Moreno, y publicada por INFORMACIÓN, después de la aprobación en pleno a finales de 2008 de una modificación presupuestaria de más de 4 millones de euros para dar cabida a una gran cantidad de facturas pendientes de pago porque no existía partida presupuestaria para ello y que se adeudaba, principalmente, por servicios prestados en la costa. Los acusados fueron en esos años responsables de Servicios e Infraestructuras (Abadía), Pedanías y Desarrollo Rural, Parques y Jardines (Rodríguez Murcia) y Costa (Aniorte) y, según el escrito de acusación, «ejecutaron las actuaciones que serán descritas no sólo pese a ser plenamente conscientes de la flagrante ilegalidad y arbitrariedad que estos actos comportaban, sino también con la finalidad de beneficiar a determinadas empresas, en fraude de los intereses del municipio y del erario público».
¿A qué actuaciones se refiere?, pues a que cada uno de ellos, dentro de su ramo «pero excediéndose del ámbito de sus respectivas competencias» realizaron la adjudicación de servicios, a la postre descritos en las correspondientes facturas expedidas por cada empresa «injustamente beneficiada, vulnerando las normas que regulan la contratación administrativa». Y eso era así porque no existía expediente de contratación alguno que diera cobertura a los servicios en cuestión. Con ello, dice el fiscal, los tres ediles, procedieron a una «adjudicación directa de servicios fraccionando el objeto del contrato a fin de evitar los límites económicos que determinan la necesidad de licitación pública».
Fiscalía recuerda que en todas las facturas los tres ediles estamparon sus firmas, «lo que era requisito para proceder a su pago (...) comportaba el reconocimiento del derecho de crédito del proveedor contra el Ayuntamiento y el consiguiente desembolso de elevadísimas cantidades de dinero por parte del consistorio oriolano» y todo ello lo hicieron, dice, «de forma consciente, deliberadamente arbitraria y para perjudicar patrimonialmente al Ayuntamiento en beneficio de las empresas».
Las facturas, que aparecen relacionadas en las diligencias, son de todo tipo: limpieza de calles, solares, colegios y mercados, arreglo y conservación de playas, recogida de podas, enseres y algas, contenedores de escombros, mantenimiento del alumbrado y zonas verdes o productos para el ayuntamiento.
