El Ayuntamiento de Orihuela incautó un todoterreno de alta gama marca Range Rover Sport TDV8 en 2009, meses después lo declaró como vehículo abandonado y acabó adjudicándolo al parque móvil de la Policía Local, convirtiéndolo en coche patrulla. Aunque el propietario reclamó después que era de su propiedad no obtuvo respuesta, por lo que inició una batalla judicial para recuperarlo. Ahora una magistrada le ha dado la razón y ha declarado nulo el procedimiento administrativo que siguió la administración local, básicamente porque se hizo más bien poco para tratar de localizar al legítimo propietario para devolvérselo.
La sentencia firmada por la jueza María Begoña Calvet llega tres años después de que se iniciara el procedimiento judicial. El vehículo fue incautado durante un control de alcoholemia debido a que el conductor superaba los límites permitidos y se inmovilizó. Meses después se firmaron dos decretos de Alcaldía mediante los que se declaró como coche abandonado y se adjudicó a la Policía. Llama la atención que se anunció en ese procedimiento que el todoterreno se declararía como residuo sólido urbano si su propietario no lo retiraba del depósito municipal.
Recurso sin respuesta
El dueño del vehículo, inscrito a nombre de la empresa Distalcorta SL, interpuso un recurso de reposición el 30 de octubre de 2012 frente al decreto del Ayuntamiento para la declaración de abandono del vehículo y frente al decreto por el que se acordó la adjudicación del mismo al parque móvil de la Policía Local. Pero el consistorio nunca contestó a ese recurso al considerar que se presentó fuera de plazo.
Ahora la jueza ha considerado que «la notificación edictal realizada por la administración produjo indefensión a la mercantil propietaria del vehículo al menoscabar su derecho de defensa, por notificarse ambos decretos mediante edictos en lugar de haber intentado la notificación no solo en el domicilio social de la mercantil o en el domicilio que figura en Tráfico, sino en cualquier otro domicilio que figurase en otros registros públicos, máxime teniendo en cuenta la trascendencia e importancia del contenido del acto a comunicar».
Aunque el Ayuntamiento alegó que «cumplió con las exigencias legales» en orden a la notificación de los decretos al haber sido remitida una carta certificada comunicando a la mercantil que en caso de no proceder a la retirada del vehículo del deposito municipal se procedería a iniciar su tratamiento como residuo solido urbano, la jueza entiende que el proceder de la administración fue «insuficiente». Y lo considera así porque «las actuaciones llevadas a cabo no agotaron todas las vias posibles de notificación personal que justificaran que los decretos fueran notificados por edictos». Apunta además que «no existe constancia documental de que la carta certificada que se envió fuera efectivamente recibida por el propietario».
«No se comprende, por tanto, como es posible que el Ayuntamiento no realizara ninguna labor de indagación adicional en orden a ponerse en contacto con la mercantil, con domicilio conocido y actividad real, bien mediante carta, bien mediante una simple llamada telefónica o un mail, con objeto de comunicarse con el representante legal de la misma a fin de cerciorarse de que tenia pleno conocimiento de los hechos, del lugar en el que se encontraba depositado el vehículo y de las consecuencias de su no retirada en el plazo legalmente establecido».
Ahora el Ayuntamiento ha recurrido esta sentencia dictada por el juzgado de lo contencioso administrativo Número 1 de Elche, aunque está sopesando la posibilidad de desistir e intentar llegar a un acuerdo económico con el propietario del vehículo. La razón es que el coche ha perdido valor al haber sido utilizado para patrullar y puesto que en el caso de que los tribunales le vuelvan a dar la razón se podría condenar al consistorio a pagar una indemnización mayor.
