El equipo de gobierno espera tener listo el presupuesto para este año 2016, al fin, durante el próximo mes, según apuntó ayer el concejal de Hacienda, Rafael Almagro, a este diario. Lo haría aprovechando la ausencia del titular de Intervención, Fernando Urruticoechea, que permanecerá de baja médica durante las próximas semanas. Almagro no quiso determinar el tiempo de ausencia del interventor, pero sí apuntó a que hoy, a primera hora, «se nombrará uno accidental, porque lo que no estoy dispuesto es a estar otro mes con los brazos cruzados. Hay mucho que hacer, mucho que gestionar», apuntó. Todo apunta a que ese sustituto será el técnico municipal Manolo Pons, que ya ha asumido estas funciones en otras ocasiones «aunque habrá que consultar con él antes de su nombramiento», en la mañana de hoy.

La elaboración de los presupuestos está en un punto muerto desde que a mediados de abril el interventor informara a través de una nota de Intervención de algunas «deficiencias graves» en el documento elaborado por una empresa externa. Almagro apuntó ayer a que esas deficiencias ya se han corregido, «incluso algunas no eran tales, ya que lo que pedía se había presentado pero -Urruticoechea- no lo había visto». Por tanto, aseguró que la pelota, en cuanto a la aprobación del presupuesto se refiere, está en el tejado de Intervención, pues «tan solo falta que lo eleve a junta de gobierno» para que comience el trámite de su aprobación, y dijo que esto «lo puede hacer un interventor accidental sin problema».

Almagro apuntó a que espera que se produzca en las próximas semanas, entre otras cosas porque «quiero empezar con el presupuesto de 2017», para que no se vuelva a repetir esta situación, que a mitad de año aún no se tenga la hoja de ruta económica del equipo de gobierno municipal.

Por otra parte, y según ha podido saber este diario, el titular de Intervención, Fernando Urruticoechea, antes de coger su baja el martes, ha interpuesto un «reparo a la legalidad grave» al acuerdo del pleno del mes de mayo por el que el equipo de gobierno del PP, con el apoyo de los tres ediles de Ciudadanos, aprobaron la implantación del sistema de gestión previa limitada. El acuerdo plenario se produjo sin un informe preceptivo del propio Urruticoechea, ya que el alcalde no respetó el plazo de diez días hábiles que tiene el funcionario para elaborar dicho informe antes de su debate».

El sistema de fiscalización previa limitada recorta las competencias del área de Intervención en cuanto al control de la legalidad en los expedientes económicos de la ciudad. Se reduce a la constatación de que existe partida económica y diversos informes, pero poco más. La fiscalización se realiza, con este sistema, a posteriori, una vez aprobados los expedientes y de forma aleatoria, no en su totalidad, como con el sistema de fiscalización completa vigente hasta el acuerdo plenario.