La junta de gobierno del Ayuntamiento de Orihuela dio cuenta de un fallo por el que un promotor debe abonar 2230.897,70 euros, por una decena de expedientes de ilegalidad urbanística en construcciones en la zona de Las Chismosas, en Orihuela Costa, y cuyos expedientes de infracción se abrieron en los años 1998 y 1999. El motivo de que esta sanción llegue con casi 18 años de retraso pasa por «alegaciones y alegaciones judiciales» por parte del promotor sancionado, según apuntó el portavoz de gobierno, Dámaso Aparicio, si bien no dio más detalles del procedimiento.

De esta forma el Ayuntamiento pondrá en marcha «los trámites de requerimiento de pago oportunos» para que las arcas públicas cobren esta cifra, que responderían a graves infracciones dado la elevada cuantía de las mismas.

La junta también aprobó la construcción de otras 139 viviendas, 133 de ellas en Orihuela Costa. El equipo de gobierno dio así luz verde al cambio de titularidad de una licencia para retomar la construcción de un complejo de 133 casas en el PAU 23, en Orihuela Costa, un proyecto que data desde el año 2005, que no había sido ejecutado y que ahora otra mercantil demandaba retoma. La semana pasada se aprobaron otras 270 viviendas en la costa, también de un proyecto antiguo que estaba paralizado desde hacía 13 años. Las otras seis viviendas aprobadas ayer están en Desamparados.

Además del apartado urbanístico, que una vez más fue el gran grueso de la junta de gobierno, el organismo local aprobó la adjudicación del contrato de iluminación decorativa extraordinaria de las fiestas de Orihuela a la mercantil Iluminaciones Granja, que entrará en vigor en julio y estará vigente en los próximos dos años, a razón de 293,737,02 euros anuales. En el área de Bienestar Social se aprobaron 58 ayudas, que incluyen ayudas de emergencia social para los suministros de agua y luz, pero también para la compra de alimentos por un importe de 14.092,38 euros.