El juzgado de instrucción número 1 de Orihuela ha dado por concluida la fase de investigación relativa al caso de los «jornaleros fantasma» de Bigastro. El magistrado ha dictado auto de apertura de procedimiento abreviado por las falsas cotizaciones al Régimen Especial Agrario que el Ayuntamiento pagó a un total de 48 vecinos entre los años 2002 y hasta 2011, lo que les permitió acceder a diferentes prestaciones sociales. La Inspección de Trabajo sancionó al Ayuntamiento por haber «simulado relaciones de trabajo» y ahora el juez aprecia indicios de delito continuado de prevaricación y malversación de caudales públicos cometidos supuestamente por los dos exalcaldes socialistas, Joaquín Moya y Raúl Valerio Medina.
Con este auto el juez deja a un paso de sentarse en el banquillo de los acusados a los dos exregidores y al que fuera secretario-interventor de Ayuntamiento, Antonio Saseta. Ahora, la Fiscalía Anticorrupción y la defensa de los acusados deberán de presentar los escritos previos a la más que posible apertura de juicio oral. Y es más que posible teniendo en cuenta que la Inspección de Trabajo ya dio por acreditado el fraude cometido desde el Consistorio y se ordenó cancelar los más de 750 meses cotizados de forma fraudulenta, de tal forma que los beneficiarios tienen que devolver ahora los subsidios cobrados durante esos años.
Sin contratos
Las evidencias que se tuvieron en cuenta fueron principalmente que no existen contratos que justifiquen la relación laboral entre los empleados y el Consistorio y, ademas, tampoco hay nóminas o justificantes que verifiquen que cobraran un sueldo por realizar estos supuestos trabajos.
Según fuentes judiciales, el auto de procedimiento abreviado deja fuera de la causa penal a los trabajadores beneficiados por esta práctica y no mantiene su investigación hacia ellos, sino que se les reclaman responsabilidades civiles subsidiarias por las cotizaciones de las que se habrían beneficiado. De igual forma se exonera de responsabilidad a los técnicos y tesoreros al no encontrar causas suficientes para mantener su imputación.
La presunta estafa urdida desde el Ayuntamiento se descubrió en 2011 cuando se produjo un relevo en el equipo de gobierno tras seis mandatos consecutivos del socialista Joaquín Moya como alcalde. Un informe de la Tesorería General del Estado revelaría meses más tarde que la supuesta práctica ilegal se repitió al menos desde el año 2002 y hasta 2011. El fraude habría comenzado con el exregidor Moya y, al parecer, continuó con su sucesor en la Alcaldía, Raúl Valerio Medina (PSOE), quien tomó el bastón de mando en noviembre de 2008 tras la detención y posterior dimisión de su antecesor acusado por delitos urbanísticos. No obstante, éste último niega todos los hechos.
Durante ese periodo hasta 48 personas (45 de ellas mujeres) habrían estado cotizando como falsos jornaleros al Régimen Especial Agrario. En el Consistorio no constan copias de los contratos laborales que justifiquen esas altas en la Seguridad Social. Tampoco está reflejado en la contabilidad oficial el pago de salarios a los supuestos trabajadores. Toda esa información fue puesta en manos del Ministerio Fiscal, que ahora deberá de presentar su escrito de acusación.
