La Generalitat Valenciana ha sacado a licitación el contrato para poner en marcha un servicio de apoyo al Centro Coordinador de Documentación e Información Juvenil del IVAJ a través de un contrato dividido en 15 lotes que concentran 23 áreas geográficas de la Comunitat. El relativo a la Vega Baja está fusionado con el Baix Vinalopó y dotado con un presupuesto de 49.500 euros para 11 meses. Esta disposición no ha gustado nada al PP, que cree que los jóvenes de la comarca seguirán perdiendo prestaciones y no recuperarán un servicio directo a través de una red de trabajadores como la que se mantenía en Orihuela y Torrevieja, hasta que el Consell los suprimió.
La concejala oriolana de Juventud, Sabina Galindo, criticó ayer que los responsables del gobierno autonómico y del IVAJ no hayan ofrecido ningún tipo de información a los ayuntamientos para explicar en qué consiste este nuevo modelo. Teme que en el caso de que se instaure alguna oficina se acabe ubicando en el municipio ilicitano, obligando a los jóvenes de la Vega a tener que desplazarse hasta allí para realizar ciertos trámites.
Recortes
La concejala recordó que hasta enero se mantenía a un empleado en las oficinas del PROP de Orihuela que se ocupaba de prestar el servicio del IVAJ, pero la Generalitat eliminó ese puesto y obligó a que el Consistorio asumiera esa tarea. Aseguró que desde entonces los jóvenes oriolanos tienen que desplazarse hasta Alicante para realizar acciones como pedir un carné de estudiante o profesor internacional o uno de alberguista. A este respecto, la edil recordó que en esta ciudad existe una población juvenil de 24.000 personas de entre 11 a 35 años y cree que con esta nueva disposición del Consell saldrán perjudicados.
Por su parte, fuentes del departamento del IVAJ señalaron ayer que la Generalitat apuesta por suprimir las oficinas físicas y que ciertos trámites se realicen a través de internet. Apuntaron que ese contrato es para habilitar una red de profesionales que impulsen programas de juventud y apoyen el trabajo de las redes juveniles prestando atención a los distintos municipios, en este caso de las comarcas de la Vega Baja y el Baix Vinalopó, a través de la «Xarxa Jove».
La edil Sabina Galindo cuestionó que primero se suprimiera a todos los trabajadores que ya tenían experiencia en este campo y que ahora se saque este contrato. «No dudo de la profesionalidad de los que entren a trabajar, pero tienen que empezar desde cero y mientras tanto los perjudicados están siendo los jóvenes».
