La asociación de vecinos San Miguel Arcángel de San Miguel de Salinas critica una vez más la «falta de transparencia» del gobierno local que dirige Ángel Sáez en relación al suministro de agua potable en el municipio. El colectivo asegura que desde que se cedió la gestión a una empresa privada en el año 2011, no se ha presentado ningún balance de gastos e ingresos para justificar las sucesivas subidas de precio que pagan los residentes. A ese respecto, argumentan que el consistorio defiende que el coste del servicio se cobra en concepto de tasa pero nunca se ha cumplido la obligación de validar los incrementos de los recibos en la pertinente Comisión de Precios de la Generalitat.

El presidente de la asociación, Manuel Gómez, valoró ayer como «incoherente» la postura que vienen manteniendo los gestores municipales porque si el pago del recibo se configura como una tasa «los precios los controla el Ayuntamiento, es un tributo público que se aprueba en pleno y va acompañado de una ordenanza fiscal, mientras que los ingresos figuran en los presupuestos municipales y se da cuenta del balance económico anual». Sin embargo, si es una tarifa «el precio tiene que estar sometido a la Comisión de precios».

Gómez dijo que para el Ayuntamiento «es una tasa la hora de fijar el coste para que no pase por la Comisión de precios, pero luego se tramita como una tarifa puesto que los pagos se hacen directamente a la empresa, no al consistorio, y el balance económico no se incluye en los presupuestos».

Los vecinos se quejan de que en los últimos tres años «las subidas de precio se han producido al libre albedrío, sin rendir cuentas de gastos e ingresos». «La empresa concesionaria presenta una propuesta de subida de precios que siempre se aprueba en pleno pero no hay datos, sólo los conoce el equipo de gobierno, que aprueba siempre lo que la empresa propone». En este sentido, consideran que se podría justificar ese aumento de tarifa tras llevar a cabo la obra que se ha acometido para llevar el agua potable hasta la urbanización de Las filipinas, pero exigen saber cuánto se ha invertido en esa actuación y hasta cuándo tendrán que afrontar los residentes ese aumento de precios para amortizarla.