La magistrada del Juzgado de lo Contencioso Número 1 de Elche ha dado al alcalde, Emilio Bascuñana, un plazo de cinco días para que señale al funcionario responsable de no haber abonado las costas judiciales de una sentencia cuyo pago se aprobó en noviembre del pasado año por la junta de gobierno, y que ascienden a 2.350,16 euros. La magistrada advierte que, en caso de que el primer edil no señale al responsable, se le impondrá una multa de 500 euros por no proceder a un abono acordado en junta de gobierno. La cuantía por este hecho ronda desde los 150 hasta los 1.500 euros, y aunque no se trata de la sanción más alta que contempla la ley, lo cierto es que el regidor tendría que afrontar de su bolsillo las consecuencias del mal funcionamiento del Ayuntamiento de Orihuela.

Esta mañana, el regidor ha explicado que sí se abonó pero en otra cuenta por error, con lo cual espera no tener que "rascarse el bolsillo" y que todo se solucione cuanto antes.

El pleito perdido y por el que el Ayuntamiento debe abonar a un particular los citados 2.350 euros corresponde a una ampliación sin licencia de una nave, un expediente que caducó y que, por tanto, permite al expedientado recuperar el coste judicial del proceso y que sea el Ayuntamiento quien pague la minuta del abogado.

La batalla judicial arranca en 2014, dos años después de que se abriera un expediente infractor a un empresario por una ampliación de 200 metros cuadrados por 7 de altura con placas y forjado sanitario que carecía de licencia en febrero de 2012. El infractor presentó un recurso alegando que el expediente había caducado, por lo que, en consecuencia, el acto administrativo era nulo y tenían que imponerse las costas al Consistorio.

La sentencia se le notificó al Ayuntamiento en noviembre de 2015, por lo que, tres años después de la infracción el Ayuntamiento se quedaba sin el importe de la licencia y con la obligación de pagar las costas judiciales. Dicho pago se aprobó en la junta de gobierno sin que, hasta el día de hoy, se haya hecho efectivo.

Este «ultimátum» judicial no es el primero que recibe el alcalde. El pasado mes de febrero el juzgado solicitó al Ayuntamiento que identificara al responsable del cumplimiento de la resolución judicial que instaba al abono de las costas y de los intereses cuya cantidad no ha trascendido. En el auto ya se advertía al Ayuntamiento de que se podrían poner multas coercitiva de entre 150 y 1.500 euros, sin que entonces nadie se pronunciara. El mayo se reiteró de nuevo al Ayuntamiento para la identificación, «bajo el apercibimiento d e que, en caso de no proceder a su identificación se entenderá que el responsable es el alcalde». Ahora, los plazos son claros, y dicha responsabilidad recaerá en el primer edil en cinco días si no se pronuncia.