El exconseller Cartagena reconoce en el juicio un fraude fiscal y pagará 627.000 euros

El exalcalde de Orihuela fue ayer condenado por el caso de las primas únicas tras llegar a un acuerdo sobre la pena

11.06.2016 | 01:36
El exconseller Cartagena reconoce en el juicio un fraude fiscal y pagará 627.000 euros

Pactó con el fiscal y la Abogacía del Estado aceptar un mes y medio de cárcel, multa de 125.700 euros y el reintegro a Hacienda de otros 502.000 euros.

El que fuera alcalde de Orihuela y conseller de Obras Públicas de la Generalitat, Luis Fernando Cartagena, cometió fraude fiscal en el año 1988 al declarar que tuvo ingresos por 24.000 euros cuando su patrimonio había crecido en casi un millón de euros. El acusado de delito fiscal se sentó ayer en el banquillo de los acusados del juzgado de Lo Penal 3 de Orihuela para ser enjuiciado por estos hechos, pero la vista se saldó en poco más de media hora porque su abogado y la acusación, ejercida por el Ministerio Fiscal y la Abogacía del Estado, presentaron a la jueza el acuerdo al que habían llegado de forma previa. Cartagena se declaró culpable y aceptó una pena de un mes y medio de prisión, una multa de 125.700 euros y la devolución de 502.817,78 euros a la Hacienda Pública. La magistrada dictó sentencia in voce y zanjó un asunto judicial cuya instrucción se ha dilatado durante 24 años.

El caso que se juzgaba ayer en Orihuela es el vinculado a las primas únicas a través de un producto fiscal ofertado por el Banco de Santander y opaco al fisco. Con el reconocimiento de los hechos, Cartagena no tuvo que declarar, aceptó su responsabilidad y la condena pactada, evitando así una sentencia que podría haber sido más desfavorable teniendo en cuenta que el Fiscal Anticorrupción, en su escrito de acusación, solicitaba para el exconseller una pena de tres años de prisión y multa de dos millones de euros. Ahora, a los 502.000 euros que tendrá que devolver a la Hacienda Pública, habrá que añadir un tanto por ciento de interés por el tiempo transcurrido entre la comisión del delito y el resarcimiento del daño.

Una vez que la magistrada dictó sentencia, el abogado del acusado solicitó la suspensión de la condena a un mes y medio de cárcel y la conformidad con la responsabilidad subsidiaria de su representado en caso de que no hiciera frente al pago de esos más de 627.000 euros. Por su parte, el fiscal Felipe Briones aceptó este extremo y trasladó a la jueza su conformidad con que se valore la supresión de la pena de prisión, un extremo sobre el que la jueza no se pronunció en la sesión de ayer.

Resarcir el daño
Al termino de la vista, el representante del Ministerio Fiscal explicó que el acuerdo alcanzado con la defensa del acusado permitirá resarcir el daño causado al fisco, que era la intención última de todo este proceso.

Con su conformidad y el reconocimiento de los hechos que se le imputaba, Luis Fernando Cartagena dio validez a la tesis que mantenía la acusación. Esta era que el exconseller declaró que en el ejercicio de 1988 tuvo unos ingresos de algo más de 4 millones de pesetas (24.000 euros), sin que incluyera 158,5 millones de pesetas (casi un millón de euros) correspondientes a un incremento no justificado de patrimonio por el dinero invertido en las cesiones de crédito realizadas en el Santander. Hacienda cifraba en 83.661.839 pesetas la cuota no ingresada, lo que supone una cantidad de más de 500.000 euros.

Las llamadas «cesiones de nuda propiedad de crédito» fueron ofrecidas por el Banco Santander en 1988 y 1989 como medio de inversión sin que Hacienda tuviera información de los propietarios. Con este producto la entidad realizó más de 47.000 operaciones con 8.000 clientes.

La causa principal por el caso de las primas únicas acabó archivado en la Audiencia Nacional para los directivos de la entidad bancaria del Santander y otros clientes. La implicación del exconseller fue desgajada en su día de la causa principal por la jueza María Teresa Palacios, quien hizo una pieza separada en la investigación, al determinar que se trataba de dos casos distintos. Por un lado estaba la supuesta falsedad documental que cometieron los ejecutivos de la entidad bancaria; y por la otra el presunto fraude fiscal que el exconseller reconoció ayer, después de 24 años de procedimiento.

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