Callosa de Segura

El PP expulsa a Javier Pérez por negarse a dejar el acta de edil tras ser condenado

El Partido Popular rompe con el exalcalde y lo echa de la formación al incumplir su compromiso de dimitir

10.06.2016 | 02:29

El exregidor dice que recurrirá la sentencia que lo inhabilita 3 años para ocupar cargo público y defiende que «no es un corrupto».

El Comité Regional de Derechos y Garantías del Partido Popular (PP) acordó ayer la expulsión automática de Javier Pérez de la formación política tras haber sido condenado a tres años de inhabilitación y una multa de 6.000 euros por un delito de negociaciones prohibidas relacionado con su actividad de constructor mientras era alcalde. La sentencia, adelantada ayer por INFORMACIÓN, motivó que la dirección de los populares alicantinos diera un ultimátum al que ha sido regidor de Callosa de Segura durante tres legislaturas, diputado provincial y en el último año líder de la oposición como concejal. La directriz fue clara: o presenta su dimisión antes de las 12 horas (de ayer) y renuncia a su acta de edil o se le echa del partido y del grupo municipal. Pero Pérez hizo caso omiso y desafió a la cúpula: «No me voy, seguiré siendo concejal y el fallo judicial lo voy a recurrir. No soy un corrupto».

Las declaraciones del exregidor callosino renunciando a dimitir enervaron a la ejecutiva del PP, que anunció la convocatoria de una reunión urgente para decretar su expulsión. Todo ello en la antesala del inicio de la campaña electoral, que arrancaba anoche con la pegada de carteles y cuando se espera que Mariano Rajoy visite hoy la cercana ciudad de Torrevieja. También hubo revuelo a nivel municipal. Fueron muchas las voces que le pidieron que diera un paso atrás, dimitiera y no se enrocara en el cargo para no dañar la imagen del partido. Pero nada de eso le hizo cambiar de opinión. A los miembros de la ejecutiva provincial ni si quiera les cogió el teléfono.

«No he robado nada»
Javier Pérez se defendió lamentando que se meta a todos los políticos condenados «en el mismo saco» y enfatizó que él «no ha robado nada ni es un corrupto». «Hay gente que ha hecho barbaridades y comparar eso con mi caso, que ha sido un error administrativo, es desproporcionado. No estoy de acuerdo con la sentencia, la recurriré en la Audiencia y seguiré siendo edil».

Desde la dirección provincial le reprocharon que antes de las elecciones firmó un compromiso por escrito que decía claramente que renunciaría al acta de edil si resultaba condenado. Pero visto lo visto, ese documento quedó en papel mojado. No ha servido para nada.

A toda prisa, el asunto fue valorado a primera hora de la mañana por el Comité de Derechos y Garantías del PP y tratado después por la ejecutiva provincial. Se dio cuenta igualmente al comité nacional. El siguiente paso llegará hoy cuando está previsto que se presente un escrito en el Ayuntamiento de Callosa en nombre del partido anunciando que Javier Pérez ya no pertenece ni al PP ni al grupo municipal en el consistorio, quedando pues relegado al grupo mixto.

Constructor
La sentencia que ha acabado con la carrera política de Javier Pérez en el seno del PP fue dictada por el juzgado de lo Penal 3 de Orihuela y rubricada por la magistrada María Calvo Errando. El fallo da por probado que éste constituyó junto a su mujer, en octubre de 2000, la empresa de construcción Procamper, de la que fue administrador único hasta 2011, aunque «continuó ejerciendo gestiones dentro de la citada mercantil durante los años siguientes».

Queda constatado que desde su llegada a la Alcaldía delegó las competencias de Urbanismo en el edil Francisco Rodríguez«aunque mantuvo la competencia originaria», dice la resolución, y este inciso es clave en el fallo condenatorio.

Solicitudes urbanísticas
Como administrador único de Procamper presentó hasta cinco solicitudes al departamento de Urbanismo entre 2007 y 2008 que son objetos de este proceso. La mayoría, referentes a la construcción de un edificio en la calle Francisco Zaragoza Ruiz, 4, que fueron oportunamente resueltas por el edil de Urbanismo.

La magistrada recuerda que en el interrogatorio el acusado admitió que en último término él era titular de las competencias de Urbanismo y cómo firmaba documentos en nombre de Procamper dirigidos al alcalde; es decir, a sí mismo. Y, aunque en el juicio manifestara que aquello era un mero formalismo, que todos los modelos de formulario que se utilizaban eran dirigidos al regidor, y que el que resolvía era el concejal de Urbanismo, este argumento no convenció a la juzgadora.

La magistrada consideró que Pérez era «plenamente consciente de la existencia de incompatibilidad y, con la finalidad de eludir las posibles responsabilidades penales, delegó las competencias para posteriormente ampararse en este extremo para evitar la sanción penal. No podemos obviar que lo que se sanciona no es la intervención en el procedimiento administrativo sino que exista la dualidad que pone en peligro la objetividad y el buen funcionamiento de la administración local».

La jueza entiende que el acusado, «puso en peligro la objetividad e imparcialidad de la función pública, ya que al resolver las licencias solicitadas por él mismo en el Ayuntamiento que presidía se crea un peligro abstracto».

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