Luis Fernando Cartagena, el alcalde de Orihuela que fue conseller de Obras Públicas, se sienta en el banquillo a partir de hoy para responder de una investigación -por las primas únicas-. El caso se abrió en 1992 y es una de las causas más antiguas de la provincia que aún no ha sido juzgada. Casi 25 años después, el conocido «caso Cartagena» llega por fin a juicioCasi 25 años después. La Fiscalía le acusa de un presunto fraude fiscal cometido a través de un producto fiscal ofertado por el Banco de Santander y opaco al fisco.

Durante dos décadas, el proceso de las cesiones de crédito, donde se atribuye a Cartagena un presunto fraude fiscal de más de 500.000 euros en 1988, ha ido de un órgano judicial a otro, retrasándose de tal forma que las dilaciones serán, sin duda, un atenuante que presumiblemente reclamará la defensa en caso de que se dicte sentencia condenatoria.

El fiscal Anticorrupción, en su escrito de acusación, solicita para Cartagena tres años de prisión y multa de dos millones de euros por fraude fiscal.

Según la acusación, el exconseller declaró que en el ejercicio de 1988 tuvo unos ingresos de algo más de 4 millones de pesetas (24.000 euros), sin que incluyera 158,5 millones de pesetas (casi un millón de euros) correspondientes a un incremento no justificado de patrimonio por el dinero invertido en las cesiones de crédito del Santander. Hacienda cifra en 83.661.839 pesetas la cuota no ingresada, más de 500.000 euros. Las llamadas «cesiones de nuda propiedad de crédito» fueron ofrecidas por el Banco Santander en 1988 y 1989 como medio de inversión sin que Hacienda tuviera información de los propietarios. Con este producto la entidad realizó más de 47.000 operaciones con 8.000 clientes.

En 2008, el juzgado de Instrucción 4 de Orihuela ya abrió juicio contra Cartagena. La causa estaba a falta solo de que el juzgado de lo Penal pusiera fecha al juicio. El calendario se interrumpió cuando la Audiencia dio en 2010 la razón al abogado de Cartagena al admitir que se aportaran nuevas pruebas a su favor.

Pruebas

Estas pruebas consisten en hacer que se incorporen a las diligencias partes de la investigación que sobre este asunto llevó la Audiencia Nacional. Una vez que se incorporaran esos folios, la Fiscalía debía presentar un nuevo escrito de acusación. La Audiencia Nacional fue aportando la documentación requerida, proceso que se ha prolongado estos últimos cinco años.

La causa principal por el caso de las primas únicas acabó archivado en la Audiencia Nacional para los directivos del Santander y otros clientes. La implicación del exconseller fue desgajada en su día de la causa principal por la jueza María Teresa Palacios, quien hizo una pieza separada en la investigación, al determinar que se trataba de dos casos distintos. Por un lado estaba la supuesta falsedad documental que cometieron los ejecutivos del banco; y por la otra el presunto fraude fiscal.