09 de junio de 2016
09.06.2016
Dana Nueva

El exalcalde Castillo defiende su gestión y niega ser responsable del embargo judicial

El exregidor dice que su antecesor le dejó una deuda de casi 1,8 millones y que él no perdíó patrimonio municipal

09.06.2016 | 03:21
El exalcalde de Daya Nueva, Pablo Castillo.

durante su mandato ni sacó préstamos ni ejecutó obras que no estuvieran subvencionadas al 100% por la quiebra económica

El exalcalde de Daya Nueva Pablo Castillo defiende la austera gestión con la que gobernó el Ayuntamiento durante los años 2007 al 211 y niega tener responsabilidad directa en el embargo de cinco bienes municipales decretados recientemente por un juzgado debido al impago de la expropiación de unos terrenos en el año 2004, cuyo precio se fijó cinco años después en 182.000 euros.

El exregidor recordó que el expediente de expropiación forzosa de esas fincas por parte del consistorio se inició en 2004, siendo alcalde del municipio Mariano Pedraza. «Los motivos que llevaron a aquella corporación a expropiar los terrenos en lugar de incluirlos en la unidad de ejecución que se pretendía desarrollar habría que preguntarlos a ellos, lo que está meridianamente claro es que hubo unos claros beneficiados: los propietarios de la mencionada unidad de ejecución; y un claro perjudicado, el Ayuntamiento y por ende, todos los vecinos.

Castillo ha aportado documentación que evidencia que fue en junio de 2009 cuando el Jurado Provincial de Expropiación determinó que la cantidad a pagar era de esos 182.000 euros.

«La corporación que yo presidía, previos informes del técnico municipal y de otro técnico externo, decidió no recurrir dicho acuerdo por encontrarlo adecuado para el consistorio, puesto que los propietarios reclamaban inicialmente más de 3,4 millones de euros, mientras que la corporación presidida por Pedraza había ofrecido 142.665 euros».

«Se estimó entonces que recurrir dicho acuerdo podría acarrear más gastos que beneficios». Tanto es así que, según él, el recurso que presentó en 2012 el Ayuntamiento presidido por Teresa Martínez en el Contencioso ha sido desestimado con la imposición de las costas a la administración local, lo que ha supuesto un gasto adicional de 20.125 euros.

Castillo quiso también «desmentir que yo pagara 1.500 euros el día antes de dejar la Alcaldía para reconocer la deuda y fastidiar a la nueva corporación, tal y como se ha difundido de forma maliciosa, porque al no recurrir el acuerdo del jurado en tiempo y forma, éste es firme, y no hace falta reconocer la deuda».

En cuanto a la situación económica del Ayuntamiento, el exregidor explicó que cuando él y su equipo tomaron posesión de sus cargos, en junio de 2007, «la situación era muy mala».

Deuda real
Según la auditoría externa realizada, la deuda a corto plazo exigible a la administración hasta diciembre de 2007 era de 552.000 euros, que se sumaba a la deuda a largo plazo derivada de préstamos bancarios de 906.000, por lo que la deuda real eran 1.458.000 euros. No obstante, Castillo dice que en esa cantidad no estaban incluidos ni los 182.000 euros de la expropiación ni otras obligaciones reconocidas que sumaban más de 100.000 euros y que fueron llegando posteriormente, como fue por ejemplo la última certificación del pabellón deportivo por 47.000 euros, la devolución de una licencia urbanística por 30.000 euros o el asfaltado de un camino por otros 22.300.

«En nuestra legislatura no se llegó a realizar ninguna inversión que no estuviera subvencionada al 100% ni se concertó un sólo préstamo que viniera a empeorar la ya quebrada situación económica del Ayuntamiento, y no se vendió ni se perdió ni un solo metro cuadrado de patrimonio municipal», zanjó el exalcalde.

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