Torrevieja autoriza la petición de traslado de un policía por acoso laboral a otro municipio

El alcalde avala la decisión por motivos de salud con un informe del Consejo Jurídico Consultivo de la Generalitat

09.06.2016 | 00:57
Torrevieja autoriza la petición de traslado de un policía por acoso laboral a otro municipio

Los técnicos de Recursos Humanos habían rechazado la reclamación porque no han pasado los diez años que la ley dispone para que un agente cambie de destino por permuta. La resolución no vinculante del Consejo hace valer la legislación europea.

El alcalde de Torrevieja, José Manuel Dolón, ha anunciado este miércoles que va autorizar la petición de traslado de un agente de la Policía Local a otro municipio por motivos de salud, en concreto, según el solicitante, acoso laboral. El primer edil ha tomado esta decisión tras solicitar un informe al Consejo Jurídico Consultivo (CJC) de la Generalitat Valenciana sobre este asunto.

Los técnicos de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Torrevieja habían rechazado la petición porque entre una petición de permuta y otra por parte del mismo solicitante deben transcurrir diez años. Las permutas en la administración permiten intercambiar un puesto de trabajo de la misma categoría por otro en dos localidades distintas. También indicaban que cuando se realiza este tipo de permutas –otro agente cubrirá su puesto en Torrevieja– se producen diferencias salariales aunque sean de la misma categoría, porque los municipios tienen distintos convenios.

El alcalde ha dicho que el acuerdo podría hacerse efectivo en septiembre y que el informe del Consejo no desautoriza en ningún caso al área de Recursos Humanos que realizó sus resoluciones siguiendo estrictamente lo que dice la legislación. El primer edil sí ha destacado que el extenso informe del Consell, que ha rescatado legislación europea que defiende los derechos de los trabajadores y su salud física y psíquica, puede servir como precedente para otras situaciones

A preguntas de INFORMACION.ES el alcalde ha indicado que el informe del CJC no es vinculante pero que avala la decisión del equipo de gobierno y el alcalde de realizar esa permuta, probablemente en septiembre, al margen de si, de nuevo, el área de Recursos Humanos informa en contra.

El dictamen resuelve que  «debe concederse, en aras al cumplimiento a la normativa sobre protección de riesgos laborales y salud laboral, la permuta solicitada por el interesado». Dolón ha explicado que ha realizado hasta cuatro consultas a diversos organismos y que ha sido en la segunda ocasión en la que se ha dirigido al Consejo Jurídico Consultivo cuando ha obtenido esta respuesta favorable. «Ahora será la Junta de Gobierno Local quien ratifique esta circunstancia»,  el alcalde ha estimado que la aprobación pueda llevarse a cabo en el mes de septiembre.

El agente venía solicitando la permuta desde el 2014 y el alcalde inició las gestiones en 2015 entiendo que «en situaciones conflictivas hay que hacer lo posible para resolverlas» y en consecuencia decidió, «hacer la consulta que ayer, a última hora, le da la razón a esta persona. Una cuestión de la que me alegro muchísimo porque no es bueno que la gente esté trabajando a disgusto y  más si se ve perjudicada su salud, sea física o mental, a pesar de que eso no está demostrado».

El afectado reclamado esta permuta desde principios de 2014 ante distintas administraciones, como el Síndico de Agravios o la Inspección de Trabajo (que no es competente para actuar en una administración pública), según recordaron desde el Ayuntamiento cuando resolvió a favor de la petición del afectado, recordando, de paso, que el municipio no ha puesto en marcha su protocolo antimobbing.

El agente asegura que sufre acoso laboral y que existe un informe de evaluación médica de la Seguridad Social en ese sentido de abril de 2015, en el que además se recomienda como tratamiento psicoterapéutico el traslado de su puesto de trabajo «tan adverso para su salud». El peticionario atribuye el «mobbing» al hecho de haber denunciado supuestas irregularidades en la tramitación de denuncias de tráfico que están siendo investigadas por la Fiscalía y un juzgado de Torrevieja. En concreto la desaparición de denuncias por la amistad de mandos con los sancionados.

La administración local no puede actuar contra los presuntos acosadores porque no existe ni procedimiento judicial ni sentencia que avale una actuación en ese sentido.

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