Los residentes de Rojales pagan un precio por el volumen de agua potable que utilizan que está muy por encima de lo que realmente les corresponde. Eso es lo que defiende el Partido Demócrata (Pader), en la oposición, que critica que las tarifas se calculan basándose en un estudio de costes realizado en 2004 por la empresa que gestiona el servicio y que hoy se encuentra desfasado. Por ello, exigen al gobierno de Antonio Pérez (PSOE) que lo actualice cuanto antes porque se está perjudicando a los vecinos.

Según explicó el portavoz del Pader, Desiderio Aráez, la mercantil que presta el servicio calculó el precio medio de cada metro cúbico que se consume en función de una serie de parámetros. Así, se estimó por ejemplo que el Ayuntamiento gasta en mantener las instalaciones públicas una media de 77.000 metros cúbicos al año. Dice también que el 28% del agua que llega a Rojales se pierde por deficiencias en las tuberías. Pero Aráez rebate esas dos afirmaciones. Esgrime que en los listados de la propia empresa del año 2014 se refleja que el consistorio tuvo un consumo de 31.000 metros cúbicos. Con respecto al tema de las tuberías, señaló que desde que ese hizo ese estudio hasta ahora se han acometido numerosas obras de mejora, con la sustitución de diversas canalizaciones, por lo que la pérdida de agua que se refleja no es real.

Otro de los gastos que infla esa factura es la electricidad. Hasta hace unos años se utilizaban estaciones de bombeo para llevar el agua a algunos puntos pero hoy ya no están en funcionamiento, por lo que ese consumo eléctrico se está ahorrando y no tiene por qué figurar en ese estudio de costes. Y como esas, otras muchas cuestiones que afectan por ejemplo al personal o técnicos, que sí hacían más trabajo hace una década, en pleno boom urbanístico, pero no ahora. Los datos reflejan que los gastos totales de explotación calculados en 2004 eran de 1.569.970 euros a los que hay que sumarles el 16% de beneficio industrial. Así, esa cantidad es la que luego se repercute a la hora de calcular el precio que pagan los residentes sobre su consumo de agua potable, puesto que se redistribuye entre todas las facturas.

Insostenible

«Llevo cuatro años pidiéndole al alcalde que revise el acuerdo que tiene con la empresa. La situación es insostenible y perjudica a los ciudadanos porque somos de los que más cara pagamos el agua en la comarca», dijo el portavoz del Pader. Por ello, Aráez le ha pedido al regidor que contacte con la Diputación, ahora que se ha anunciado que se plantea asumir la gestión del agua potable en municipios a través de la empresa Proaguas, y solicite un estudio sobre un posible proyecto de gestión pública.

«Supondría como poco el ahorro de entre un 10 y un 15% que es el margen de beneficio industrial. Sólo le pido que solicite algo que no le compromete a nada y del que podemos beneficiarnos mucho».