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Piden multar al alcalde por no pagar un juicio que perdió el municipio

La minuta de un abogado está pendiente de abono desde el mes de noviembre, cuando pasó por la junta de gobierno

Piden multar al alcalde por no pagar un juicio que perdió el municipio vicente muñoz

El mal funcionamiento del Ayuntamiento de Orihuela le puede costar al alcalde, Emilio Bascuñana (Partido Popular), pagar los platos rotos de una sentencia pendiente desde noviembre de 2.350,16 euros. Lo curioso del caso es que la multa que se le puede imponer al regidor por no proceder a un abono acordado en junta de gobierno es de entre 150 y 1.500 euros. Y más curioso es constatar que el pleito perdido por el municipio se refiere a una ampliación sin licencia de una nave, expediente que caducó y que permite ahora al expedientado obtener el pago de las costas del procedimiento con cargo al erario público. Vivir para ver.

Bascuñana no será ni el primer ni el último alcalde que se vea con la amenaza de tener que pagar una multa porque el municipio que gobierna no lo hace. El último caso conocido es el de la alcaldesa de Daya Nueva, quien ha tenido que pagar dos multas de 300 euros por una expropiación realizada antes de llegar ella a la Alcaldía y que no ha podido abonar porque, recuerda, se encontró las arcas municipales sin un euro.

El asunto arranca en 2014, dos años después de que se abriera un expediente infractor a una empresario por una ampliación de 200 metros cuadrados por 7 de altura con placas y forjado sanitario que carecía de licencia, concretamente fue en febrero de 2012. Este presentó recurso contra dicha decisión alegando que el mismo había caducado, consecuentemente, el acto administrativo era nulo y tenían que imponerse las costas. El letrado que representó al Ayuntamiento en aquel asunto, un año más tarde, en noviembre de 2015, notificó la sentencia que daba al recurrente la razón. El municipio tenía que pagar las costas. Habían pasado tres años y el mal funcionamiento de la administración, además de no poder cobrar la licencia de obras, tenía que abonar las costas del procedimiento. El Ayuntamiento se dio por enterado y aprobó el pago de aquellas costas, que a día de hoy siguen sin abonarse.

El pasado mes de febrero, el juzgado solicitó al Ayuntamiento que identificara al responsable del cumplimiento de la resolución judicial que instaba al abono de las costas y de los intereses, cantidad que no se saber por la documentación. En el auto ya se advertía al Ayuntamiento que se podrían imponer multas coercitivas al responsable del cumplimiento de entre 150 y 1.500 euros, «sin perjuicio de otras responsabilidades patrimoniales a que hubiere lugar (...) Se podrá deducir el oportuno testimonio de particulares para exigir la responsbilidad penal que pudiera corresponder». Pero cayó en saco roto.

El pasado mes de mayo se ha reiterado de nuevo al Ayuntamiento para la identificación, «bajo apercibimiento de que, en caso de no proceder a su identificación, se entenderá que el responsable es el alcalde (en mayúsculas)». Ahora se ha instado la multa al regidor y, mientras, sigue sin pagarse ni un euro.

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