Solo dos de las diez familias que mantienen ocupadas las viviendas de promoción pública de alquiler joven de la Generalitat en la calle Emilia Pardo Bazán contaban con un expediente de solicitud de ayudas en el área de Bienestar Social del Ayuntamiento de Torrevieja, según indicaron fuentes municipales. El Movimiento Local Stop Desahucios y la portavoz de Ciudadanos, Pilar Gómez, dieron su respaldo público a las familias y vecinos que se vieron forzados a abrir las viviendas vacías por la situación de emergencia social que planteaban los afectados, entre ellos familias numerosas sin ingresos, víctimas de violencia de género o parados con discapacidad. Rechazaron la toma por la fuerza de las casas, pero explicaron que la decisión de quienes ocuparon venía determinada por una dramática situación personal, a la que se debía dar respuesta, aunque fuese de forma temporal con esas viviendas. Sin embargo, no aparecía esa situación, antes de las ocupaciones, documentada en los servicios sociales del Ayuntamiento a través de peticiones de ayudas.

Por otra parte, varios de los ocupantes han negado que la Generalitat estuviera rehabilitando y reformando las casas vacías cuando las tomaron, tal y como sostiene la propia Generalitat para «vender» que la asignación iba a ser inminente.

Otras fuentes matizan esa misma información sobre las reforma. Indican que en los últimos meses se habían comenzado a adecuar siete de las treinta viviendas vacías, sin culminar los trabajos. Algunas presenta un estado lamentable, porque los antiguos inquilinos se llevaron hasta las cocinas.

Sin huecos

La mayoría de quienes se han hecho con las casas ha permanecido en ellas pese a que la administración autonómica ha denunciado los hechos ante el juzgado.

Los residentes explicaron a INFORMACIÓN cuando se produjeron las ocupaciones hace unas semanas que las personas que conocían que existían casas vacías en régimen de promoción de alquiler para personas jóvenes -280 euros al mes con comunidad- y llamaban a la Generalitat, desde la administración autonómica les decían que «estaban todas ocupadas». Los residentes siguen esperando la rebaja de unos alquileres que distan mucho de ser sociales en un mercado libre que ofrece casas a precios más ajustados.