Orihuela

El Síndic urge cerrar la planta de basuras que destapó Greenpeace

Un informe corrobora que la empresa de gestión de residuos no tiene licencia ambiental ni de tratamiento e incumple el PGOU

07.06.2016 | 09:30
El Síndic urge cerrar la planta de basuras que destapó Greenpeace

El Síndic de Greuges hizo ayer pública una resolución por la que exige al Ayuntamiento de Orihuela y a las Consellerias de Medio Ambiente y de Obras Públicas el cierre de una planta de transferencia «ilegal» de basuras que lleva años operando sin «tener la declaración de interés comunitario ni las preceptivas licencias ambientales y de tratamientos de residuos», además de ser incompatible con el Plan General de Ordenación Urbana de Orihuela, ya que no se encuentra sobre un suelo urbano ni urbanizable.

La apertura del expediente se abrió de oficio tras conocer a través de los medios de comunicación la denuncia presentada por Greenpeace ante distintas autoridades, y de la que ya se hizo eco INFORMACIÓN. Se trata de una planta de transferencia ubicada en la «Vereda de las Puntas», junto a la N-332, cerca de los tubos del trasvase. La propietaria de esta planta es la mercantil Residuos Sólidos Álvarez que, según la denuncia de Greenpeace, gestiona los residuos de Bigastro, Benferri, Algorfa, San Miguel de Salinas, Los Montesinos, Benejúzar, Benijófar y del Hospital Vega Baja.

El síndico, José Cholbi, pidió en marzo, tras saltar la noticia a los medios de comunicación, los informes pertinentes tanto al Ayuntamiento de Orihuela como la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural, y el propio Consistorio oriolano, según Cholbi, reconoció «que no se podía autorizar la actividad –de la planta– puesto que necesitaría de la obtención previa de una declaración de interés comunitario, para lo que haría falta una superficie mínima de una hectárea con la que no cuenta», además de admitir dicha incompatibilidad con el PGOU.

Por su parte, el edil de Medio Ambiente de Orihuela, Miguel Ángel Fernández, apuntó ayer a este diario que no tiene constancia de la existencia de la actividad de esta planta: «creo que ni llega a ser planta de transferencia, pero es una cosa que, en todo caso, delegará en Urbanismo». Este periódico trató ayer de contactar con la edil de este área, Begoña Cuartero, sin éxito.

Desde la Conselleria también confirmaron al Síndic que «la mercantil carecía de autorización administrativa para el tratamiento de residuos en las instalaciones referidas, y que estaban a la espera del informe de ratificación de la Policía para resolver el procedimiento sancionador». Este tipo de actuaciones, de acuerdo con la ley, conllevaría para la mercantil una sanción que la ley contempla como «muy grave», al carecer de las autorizaciones ambientales y la de tratamientos de residuos.

El cierre de las instalaciones traería un quebradero de cabeza más en cuanto a la gestión de residuos en la comarca, pues los municipios que tienen contratada a esta empresa encarecerían la gestión de basuras, situación que se suma a la de otros muchos municipios de la comarca tras el cierre del vertedero de Abornasa, en Crevillent.

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