Los extrabajadores de la Mancomunidad enviaron un escrito al juzgado para pedir que se adoptaran medidas debido a la «manifiesta voluntad de incumplimiento» de la sentencia del TSJ que ratificó en 2014 su derecho al cobro. Dunciaron que durante este tiempo se han estado pagando créditos bancarios y facturas a proveedores mientras que ellos no han recibido nada. Destacaron además que la presidenta, Ana Belén Juárez, elaboró el pasado año una memoria explicativa en la que apuntaba que se reservaban en una cuenta casi 39.000 euros «para afrontar gasto corriente» cuando ese dinero «proviene de aportaciones realizadas por los Ayuntamientos para la liquidación de la Mancomunidad y se estaba gastando en personal y prestaciones de servicios» de un ente que debió de haber bajado la persiana en febrero de 2015.
Los exempleados trasladaron al juez que «la falta de diligencia debida en las obligaciones de los encargados de disolver la Mancomunidad es la que ha provocado el impago de las deudas». Por todo ello, el juez ha decicido ahora embargar las cuentas de la Mancomunidad y que sea el juzgado el que gestione los pagos por los despidos. m.a.r.
