Las cocheras ilegales del barrio de Capuchinos, en Orihuela, que se convirtieron el pasado mandato en uno de los asuntos primordiales en darle una solución por parte del equipo de gobierno de Los Verdes y PSOE, especialmente para el concejal de Urbanismo, Antonio Zapata, con promesas de cese de actividad y demolición inmediata, siguen dando tumbos al cabo de cinco años y, por lo que ayer anunció el portavoz municipal, Francisco Sáez Sironi, así seguirán. El juzgado de lo Contencioso-Administrativo ha rechazado el recurso presentado el pasado mandato por el propio Zapata para proceder al derribo, de manera que, explicó el edil portavoz del grupo popular, «queda como sentencia firme del juzgado Contencioso Administrativo de Elche que rige el cese de la actividad, pero no se autoriza al Ayuntamiento al derribo de las cocheras». Al menos el cierre de las instalaciones evitará su comercialización, tal y como pretendían la asociación de vecinos que en su día llegó a felicitar al concejal por su gestión de este asunto, aunque finalmente no se haya realizado el prometido derribo.

Asimismo, durante la junta de gobierno de ayer, también se dio luz verde a la autorización de la segregación de los terrenos destinados a la construcción del Centro de Salud del Rabaloche, de 864 metros cuadrados que «son los que necesita Conselleria para ejecutar el proyecto», dijo Sironi. Y la junta de gobierno también aprobó la segunda prórroga del expediente de contratación de mantenimiento y conservación viario de Orihuela Costa, por un importe de 304.735 euros, así como de la segunda y última prórroga del transporte de actividades deportivas municipales por otros 250.000 euros.