La pesadilla de la regidora de Daya Nueva se llama expropiación y tiene seis cifras: 182.645 euros. Se trata de un asunto que se convirtió en uno de sus principales quebraderos de cabeza desde el primer día que se sentó en el despacho de la Alcaldía, en 2011. La independiente Teresa Martínez fue sancionada hace tres meses con una multa de 300 eurossancionada al mes por hacerla responsable del impago de 182.645 euros por una expropiación de un terreno que se realizó en 2009, cuando ni si quiera estaba en política. Ahora ha conseguido que el magistrado suspenda esa sanción que ha estado abonando de su propio bolsillo, porque no tiene sueldo público. No obstante, para obligar al Ayuntamiento a hacer efectivo ese pago se han embargado cinco bienes municipales que saldrán a subasta.
Tanto el Consistorio como los vecinos quieren evitar que esas propiedades se vendan, probablemente a precio de saldo, porque forman parte del patrimonio de la localidad. Son un local comercial, una parcela de uso residencial que cuenta con una superficie de 647 metros cuadrados, dos pisos ubicados en la primera planta de un edificio y otra vivienda ubicada en planta baja. Además hay que tener en cuenta que en el caso de que se vendan y el dinero recaudado no cubra el montante de la indemnización, los propietarios del terreno expropiado podrían solicitar el embargo de más bienes municipales hasta que cobren el último euro.
La regidora asegura que el Ayuntamiento ha trabajado para buscar soluciones a este hecho e incluso se inició un expediente para poner a la venta esas propiedades para afrontar la deuda, pero los propietarios expropiados han sido más rápidos y, tras siete años sin cobrar, pidieron al juez el embargo y ha sido concedido.
Se trata de un pequeño municipio de la Vega Baja (menos de 2.000 habitantes) que cuenta con un presupuesto anual de 1,2 millones de euros. La regidora dice que cuando llegó a la Alcaldía se encontró una deuda que superaba 1,2 millones de euros y además tuvo que asumir múltiples pagos con proveedores, hasta el punto de que estaban al borde de cortarles el agua y la luz. . Después llegaron los planes de pago a proveedores y con ellos, los planes de ajuste y la lupa del Ministerio de Hacienda.
Teresa Martínez asegura que ha intentado por activa y por pasiva acceder a créditos financieros tanto de fondos de la Diputación como de la banca privada para pagar la deuda. Pero la respuesta siempre es la misma: les prestan el dinero siempre y cuando la Generalitat tutele la operación y garantice que el capital será devuelto. Y la respuesta del Consell siempre ha sido la misma. No.
Plan de pagos
El último intento del gobierno municipal fue pedir al juez que aprobara un plan de pagos a razón de 3.000 euros mensuales que se abonarían a los propietarios expropiados hasta que la deuda municipal bajara del 110%, momento en el cual ya se podría pedir un préstamo y pagar el resto. Pero el magistrado que instruye la causa ha estimado solo el recurso de la alcaldesa para bloquear el pago de la multa impuesta a título personal, no aceptando el plan de pagos propuesto.
Así las cosas, la cuenta atrás para la subasta de los inmuebles ya ha comenzado pero desde el consistorio no se dan por vencidos. La regidora asegura que seguirá tocando todas las puertas que pueda para conseguir esas financiación y cancelar una deuda que, además, sigue creciendo día tras día. Comenzó con esos 182.000 euros pero entre las costas judiciales y los intereses acumulados supera ya los 200.000 euros.
«Seguiré trabajando por conseguir el dinero de alguna forma porque ni yo ni los vecinos queremos que se subaste, porque además se vendería mal y quizá ni se llegaría a saldar la deuda». Es su pesadilla y todavía nos sabe cómo despertar para escapar de ella.
