El Observatorio de la Corrupción denuncia ante el Gobierno el «acoso» del PP al interventor

El Observatorio contra la Corrupción defiende a Urruticoechea tras obligarle el Ayuntamiento a suspender sus vacaciones

31.05.2016 | 00:25
Emilio Bascuñana

El Ayuntamiento aprobó a sus espaldas la fiscalización limitada.

El Observatorio de la Ciudadanía contra la Corrupción, en su sede de Andalucía, registró el pasado viernes una carta remitida al actual presidente del gobierno en funciones, Mariano Rajoy, para poner en conocimiento el «maltrato» y el «acoso» por parte del equipo de gobierno del Partido Popular de Orihuela a su interventor municipal, Fernando Urruticoechea, tras lo sucedido en las últimas semanas.

Pese a que no es la primera vez que esta entidad sale en defensa del funcionario por el trato recibido por el gobierno oriolano, la negación de un permiso a Urruticoechea, para disfrutar de un viaje a Budapest, así como la aprobación en el pleno del pasado jueves de la implantación del sistema de fiscalización previa limitada, lo que posibilita «saltarse» al funcionario al limitar extremadamente su capacidad de control de la legalidad, han hecho que las quejas por el trato recibido se eleven directamente al gobierno central. En cuanto a la denegación del permiso, tan importante fue el fondo como las formas.

El funcionario registró la petición para tomarse estos días libres el pasado seis de mayo, para un viaje que emprendería el día 24. El pasado 19 de mayo reiteró la solicitud, al no tener respuesta, acompañada por un informe psicológico que aconsejaba el viaje, y los billetes de avión para toda su familia. Sin embargo, Almagro esperó hasta el día 23, un día antes de su partida para comunicarle, y no formalmente, sino a través del sistema de gestión interna de los Ayuntamientos, el Gestiona, que no le concedía el permiso, por lo que no tuvo tiempo de recurrir esa decisión, como sí hizo ante el juez la suspensión por decreto de Alcaldía de sus vacaciones de Navidad el pasado diciembre, cuando el juzgado le dio la razón.

Esta «persecución» por parte del alcalde, Emilio Bascuñana, y del edil de Hacienda y Recursos Humanos, Rafael Almagro, ambos del Partido Popular, ha sido denunciada públicamente por el propio Urruticoechea en numerosas ocasiones, la última durante el acto de entrega del premio Libertad de Expresión, otorgado por la Unió de Periodistes Valencians. Para entonces, el equipo de gobierno también denegó el permiso a Urruticoechea para recoger el premio, si bien terminó concediéndoselo tras un recurso.

En este asunto llueve sobre mojado, pues pese a que Bascuñana lleva menos de un año en el gobierno municipal, ya ha manifestado públicamente varios desencuentros con el funcionario a causa de los reparos a la legalidad de este. Precisamente para evitar estas continuas advertencias de ilegalidad, Bascuñana aprobó el jueves, con el apoyo de Ciudadanos, la implantación de la fiscalización previa limitada, a espaldas del interventor y sin contar con un informe preceptivo de Intervención, sin agotar los diez días hábiles que posee el técnico para redactar dicho informe que era obligatorio para debatir la propuesta, lo que demuestra «que le importa muy poco el principio de legalidad y no quiere tener impedimento alguno a su arbitrariedad», apunta el Observatorio.

Además, piden a Rajoy que realice un estudio de la situación de los interventores, que pese a ser trabajadores estatales «trabajan en condiciones de dependencia absoluta en ayuntamientos, dependiendo en su régimen de personal de aquellos políticos y funcionarios sobre cuyas decisiones deben ejercer un control».

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