Las elecciones municipales de 2015 sacudieron el panorama político de la Vega Baja. La fragmentación de voto y la irrupción de nuevos partidos motivaron la formación de corporaciones en las que fue imposible que un gobierno monocolor asumiera la vara de mando. Así pues, se hizo imprescindible la formalización de pactos para alcanzar el poder, a veces en minoría. Un año después ha quedado en evidencia que esos acuerdos iniciales no siempre han servido para sacar adelante la hoja de ruta que debe regir cualquier Consistorio, que es el presupuesto. Se gobierna con cuentas prorrogadas de años anteriores y se intenta avanzar aprobando modificaciones de crédito, pero no siempre se consigue porque, en definitiva, la oposición también manda.
El municipio de Orihuela vive a día de hoy con un presupuesto prorrogado desde 2012. El alcalde Bascuñana (PP) ni se planteó el de 2015, el año que llegó a la Alcaldía al estar en minoría, pero sí el de 2016. Llegó a contratar a una empresa externa para que le ayudara con la elaboración del documento y encontró un socio -Ciudadanos- para su aprobación, pero el documento sigue en el cajón de Intervención, según el equipo de gobierno, desde el mes de enero. Otras fuentes aseguran que el técnico ha tenido bastante menos tiempo este documento.
Lo cierto y verdad es que este mes lo ha devuelto para que se realicen una serie de correcciones y errores materiales por lo cuál nadie sabe cuándo podrá estar listo para entregarse al resto de grupos municipales. Mientras tanto se gobierna con la prórroga que el regidor firmó a 31 de diciembre para dar continuidad a los pagos corrientes porque no hay proyecto que, mientras tanto, se pueda ejecutar. Algunas fuentes del equipo de gobierno aseguran que en el mejor de los casos y tras la aprobación del mismo, habrá que esperar un mes para resolver alegaciones y demás, lo que hará que no esté operativo hasta septiembre de este año en el mejor de los casos. Pensar que se contará sólo con el último trimestre de 2016 para sacar contratos es una dura realidad que hace que algunos les aconsejen ponerse con las cuentas de 2017 porque el documento preparatorio casi que tiene que comenzar a elaborarse cuando el presupuesto de este año ni tan siquiera se sabe si estará.
El Ayuntamiento de Torrevieja maneja un presupuesto anual de unos cien millones de euros. El actual presupuesto está prorrogado. El principal motivo es que el equipo de gobierno de cinco partidos quería incluir en esas cuentas la previsión de gasto de la municipalización de la contrata de recogida de basuras y limpieza viaria. Primero, el acuerdo para aprobar esa gestión directa, se ha retrasado hasta este mes de mayo. Luego la intervención municipal no ha visto clara la provisión de fondos para ese objetivo. El equipo de gobierno lo tenía todo de cara a la hora de sacar adelante las cuentas. Con un remanente de tesorería en 2015 de 23 millones de euros y una deuda con los bancos a la baja que le permitía endeudarse. En un principio, el pentapartito, que gobierno en minoría, contaría con el respaldo o la abstención de Ciudadanos para sacar adelante el proyecto.
En Pilar de la Horadada, el portavoz del equipo de gobierno, Alfonso Armenteros (PSOE) ,dejó entrever esta semana que tienen pocas esperanzas en llegar a acuerdos con la oposición para sacar adelante un presupuesto. Según expresó, hoy día «parece muy difícil pensar en llegar a un acuerdo con Vecinos por el Pilar», que fue el partido que les permitió llegar a la Alcaldía. Uno de los principales escollos es la pretensión de los socialistas de vender una finca junto a la playa con la que esperan sacar 3,3 millones de euros para gastar en distintas inversiones. La negativa de la oposición ha llegado incluso a que los socialistas propongan que esos 3,3 millones se repartan entre los cuatro grupos políticos, en proporción a su número de concejales, y que sean ellos los que decidan en qué se debe de invertir. La respuesta sigue por ahora en el aire.
En el caso de Almoradí, el gobierno bipartito que lidera Jaime Pérez (PSOE) junto con IU elevó su propuesta de presupuestos de 12 millones de euros para este año 2016 pero fue tumbada por el PP y de Ciudadanos, que cuentan con mayoría. La oposición ha dejado así, por el momento, a un gobierno de izquierdas en el poder pero con las manos atadas, ya que se ven obligados a gestionar el municipio con las cuentas heredadas del PP. La situación no parece que se vaya a resolver en poco tiempo debido al enfrentamiento latente entre el sector de Izquierda Unida y el de Ciudadanos. La posibilidad de una moción de censura entre los de Albert Rivera y el PP sigue ahí y ambas formaciones han mantenido diversos encuentros para acercar posturas. Todo apunta a que la situación se tensará más durante los próximos meses ya que dentro de un año los socialistas deberían de ceder el sillón de Alcaldía a María Jesús Pérez (IU), pero para que se produzca ese relevo es necesario que Pérez dimita y el pleno vuelva a votar alcalde. Quizá, es el momento al que está esperando C's para desalojar al bipartito del poder. Si decide abstenerse pondrá en bandeja la Alcaldía a María Gómez (PP).
En Albatera, la alcaldesa Rosa Guillén tampoco ha sido capaz de consensuar unas cuentas. Pudo hacerlo durante los primeros meses de mandato dado que contaba con una mayoría absoluta más real que formal. El grupo del PSOE y UPyD se mantiene con el apoyo de los concejales de Ciudadanos, que no gobiernan pero sostienen al bipartito y reciben sueldo público, frente al único grupo de la oposición, el PP. La situación se complicó desde que una concejala del grupo socialista, Milagros Pérez, abandonó el grupo por discrepancias con la gestión de la regidora. Aun así, todo apunta a que será la concejala Rosario Ballester (UPyD) la que tendrá que lidiar esta batalla presupuestaria puesto que está previsto que se produzca un relevo en la Alcaldía y que sea ella quien presida el Ayuntamiento desde junio y durante los próximos 12 meses, según establecía el acuerdo de gobierno.
