Populares y socialistas valoraron ayer como positiva la sentencia del juzgado de lo Contencioso administrativo 2 de Alicante publicada ayer por INFORMACIÓN que respalda que el Consorcio de Residuos de la Vega Baja rescindió el contrato del Plan Zonal con la UTE Cespa-Ortiz por incumplimientos imputables al contratista, lo que conlleva el derecho a incautarle una fianza de casi dos millones.

Tanto el diputado de Protección y Gestión del Territorio, Javier Sendra, como la vicepresidenta del Consorcio, Fanny Serrano, coincidieron en que el auto está muy bien fundamentado y tumba uno a uno los planteamientos de la UTE, que recurrió en contra de la ruptura del contrato. Mientras Sendra se mostró más cauto y dijo que «al tratarse de un fallo muy bien fundamentado, en caso de que la UTE decida presentar recurso, confiamos en que la Justicia nos vuelva a dar la razón»; Serrano fue más visceral.

Así, lanzó un mensaje directo a Cespa-Ortiz: «Que deje en paz a la Vega Baja, que tiene que salir del hoyo en el que nos han metido. Los hechos probados son contundentes, no ha ejecutado la obra publica de la planta de transferencia de Cox en seis meses (que es el incumplimiento avalado por el juez) y eso no va a cambiar». Por ello le pidió «que no recurra el fallo y no nos tenga otro año pendientes de una resolución judicial».

Servicio

En lo que ayer no hubo tanto consenso fue en la aprobación del trámite para licitar un contrato para un servicio de comunicación para el Consorcio que costará 72.000 euros al año. Aunque la medida fue aprobada con la abstención del PP, estos últimos señalaron que ese servicio sería más adecuado una vez que esté en marcha el proyecto de gestión y pidieron que, al menos, tse enga en cuenta a las empresas de comunicación de la provincia.