Orihuela

PP y C's aprueban «saltarse» al interventor para desatascar más de 500 expedientes

El trabajo de Urruticoechea se realizará a posteriori pero no podrá impedir los pagos menores de 18.000 euros

28.05.2016 | 00:50

El equipo de gobierno ha intentado sin éxito contratar un sustituto para cubrir las bajas y vacaciones del titular de la plaza.

Partido Popular y Ciudadanos aprobaron ayer en el pleno la implantación de un sistema de fiscalización previa limitada con el objeto de desbloquear la actual situación de impago de deudas, algo que cifraron en algo más de 500 expedientes con continuos retrasos en el abono a los acreedores, lo que ha llevado al municipio a superar con creces y muchos meses los 60 días que tienen por ley para abonar facturas desde la fecha de registro, algo que ha hecho que estén bajo la lupa del Ministerio de Hacienda. La solución supone quitar poder al interventor, Fernando Urruticoechea, quien se queda sin armas para objetar sobre cómo se gasta el equipo de gobierno el dinero de los oriolanos. Si sus recomendaciones durante más de dos años no han servido para nada, menos lo serán ahora.

La fórmula «feliz» que ha encontrado el alcalde –nadie duda que a sugerencia de Ciudadanos– supone, en teoría, una merma en las garantías de fiscalización de un técnico de alta cualificación que apenas tiene medios humanos para realizar su trabajo, lo cual, unido a su excesivo celo y a que no se han seguido sus recomendaciones, habían terminado por bloquear este departamento. Lo curioso del caso es que lo que ayer se aprobó por el pleno debería haber llevado un informe del propio Urruticoechea, pero no,, lo cual dio pie a la oposición –de aquí hay que sacar en Orihuela ya a Ciudadanos– a oponerse no sólo por el fondo sino por la forma.

Contratos menores de 18.000 euros, gastos periódicos o anticipos de caja inferiores a 3.005 euros, quedan exentos de fiscalización previa, que pasa a ser posterior y mucho más laxa porque se realizará por muestreo aleatorio. Nada escapa a que la tensión entre equipo de gobierno y el interventor no se suaviza con este acuerdo pero, al menos, se distancian. El alcalde Bascuñana había incluso intentado fichar a un sustituto para desatascar el área los últimos meses cubriendo las bajas y vacaciones del técnico. Pero no encontró.

El concejal de Hacienda, Rafael Almagro, defendió la propuesta con un argumento que salía por encima del discurso político para imponerse, casi, como una orden: «Tiene razón, no hay informe pero sí una nota y podría haber tardado el mismo tiempo que hacerlo que la nota. Han pasado los diez días preceptivos (desde que lo solicitaron) y no podemos estar pendientes. Les guste o no les guste estamos para tomar decisiones no para ir por las esquinas y llorar como se hacía la legislatura pasada». Mucho más conciliador, López-Bas (C's) añadía que «él solo –refiriéndose al interventor– no puede con todo y lo dice él, que tiene problemas de salud, que está estresado y no puede con 509 expedientes ni con la liquidación del presupuesto que debería estar desde marzo ni con las subvenciones, o el pago de facturas y se propone un procedimiento alternativo que nos da la ley. Este interventor podría tener diez personas supercualificadas a su cargo pero tendría que verlas él. Podrá hacer todas las observaciones pero no evitará que se pague. Este Ayuntamiento tiene el triple de dinero que el año pasado y para qué quiere el dinero si la gente no cobra». Carolina Gracia (PSOE) se opuso entre otros motivos porque: «Queremos la mayor garantía en el control financiero. Su mayor problema no es el interventor, es su incapacidad para resolver problemas. Si tienen que contar con él para fijar ese procedimiento, ¿por qué no se han hecho? ¿Qué va a pasar cuando se vea que ese procedimiento no era el idóneo? Va a provocar un problema en este Ayuntamiento». Marta Guillén (Cambiemos) se centró en que contra el interventor, «hay una campaña de desprestigio. Lo han amenazado por hacer declaraciones para justificar esta propuesta que traen a pleno. Es una persona muy cualificada que señala deficiencias administrativas y organizativas. Han abierto una guerra en vez de resolver problemas. Es una propuesta legal para recortar sus competencias» . Por último, Ferrando advirtió que la propuesta no tenía el informe preceptivo y dijo: «Están vendiendo una milonga. Tenemos una nota de la intervención que ustedes nos pasaron el lunes que no es un informe. No cuenta con las garantías legales para que esta propuesta se pueda cumplir. Se trabaja con un caos. No hay garantías legales. La propuesta no es válida. A partir de mañana lo veremos y no es la solución para desatascar este Ayuntamiento».

Las mociones se aprobaron con un gran consenso, a excepción de la pasarela de la costa que se retiró. Así se dio el visto bueno a las de transparencia del PSOE, la de Cambiemos sobre vivienda, la de Ciudadanos sobre el respaldo a la ZAL, la del semáforo para La Murada o la de los celíacos.

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