El juzgado de la Contencioso Número 1 de Elche ha decretado el embargo de cinco bienes municipales del Ayuntamiento de Daya Nueva para hacer frente al pago de la expropiación de un terreno de 9.511 metros que se requisó de forma forzosa en el año 2009 y cuyos propietarios todavía no han cobrado los 182.654 euros que les corresponden. Ahora los afectados podrán pedir que dichas propiedades se saquen a subasta pública y se vendan para que el consistorio salde la deuda.
El juez que instruye esta causa pidió a la secretaria municipal que realizara un listado de los bienes municipales embargables para cubrir la cantidad adeudada. Tras ser remitido, el juzgado ha declarado embargados cinco de ellos, que son un local comercial, una parcela de uso residencial que cuenta con una superficie de 647 metros cuadrados, dos pisos ubicados en la primera planta de un edificio y otra vivienda ubicada en planta baja. El embargo ordenado por el magistrado ha sido advertido ya al registro de la propiedad para que quede constancia de la situación en la que quedan esos bienes municipales.
El auto judicial que da cuenta de ese embargo señala que la administración local puede interponer un recurso directo de revisión «que no producirá efectos suspensivos».
El siguiente paso será que los perjudicados por la expropiación forzosa pidan al juzgado que se saquen a subasta las propiedades que han sido embargadas. En caso de que se vendan y el dinero recaudado no cubra el montante de la indemnización que les pertenece, podrían solicitar el embargo de más bienes municipales hasta que cobren el último euro de lo que les debe el consistorio. Aunque la cantidad en la que se tasó su finca era de 182.654 euros, el montante final que tendrá que pagar el consistorio en concepto de intereses de demora y por las costas judiciales elevará posiblemente el coste por encima de los 200.000 euros. Y es que sólo el despacho de abogados que ha llevado el caso a los tres demandantes solicita unos honorarios de casi 19.000 euros.
Zona verde
La batalla judicial emprendida por los tres dueños de esa parcela hasta ver reconocido su derecho efectivo al cobro de la indemnización se ha librado durante cerca de siete años en los que se han presentado numerosos recursos por ambas partes. Los hechos se remontan a 2005 cuando el Ayuntamiento expropió una parcela ubicada junto al cementerio para destinarla a zona verde en el marco de un nuevo plan parcial urbanístico. El Jurado Provincial de Expropiación fue el que tasó que el valor de la finca ascendía a esos 182.654 euros. Pues bien, los afectados por esa expropiación pidieron al Ayuntamiento que saldara la deuda pero el dinero nunca llegó. Mientras avanzaba a paso lento pero firme su lucha en los tribunales, llegaron incluso a protagonizar una protesta a las puertas del consistorio. Fue en marzo de 2015 y los tres expropietarios dispusieron una pancarta que decía: «Ayuntamiento moroso, paga ya». La tensión entre la regidora y los demandantes era tal que incluso les exigió que pagaran una tasa por ocupación de la vía pública. La primera edil emitió también un bando explicando que el municipio no había abonado el dinero porque no contaba con recursos suficientes e indicando que era un problema que había heredado de gobiernos anteriores.
Pero todas esas explicaciones no han servido al juzgado puesto que según recoge la última resolución judicial, la legislación dice que «una vez determinado el justo precio, se procederá al pago de la cantidad que resultare en el plazo máximo de seis meses». De la cantidad total, siempre según el juez, la administración local «solo ha afrontado una mínima parte hasta hoy escudándose en razones económicas que, aunque poderosas, no están amparadas en norma jurídica, por lo que debe condenarse al Ayuntamiento al cumplimiento de la resolución de 4 de junio de 2009 del Jurado Provincial de Expropiación». Así, se cierra una batalla que comenzó con el Ayuntamiento de Daya Nueva como expropiador y ha terminado como expropiado.
