El 6 de junio termina el plazo de presentación de ofertas para el contrato del servicio de telefonía fija, móvil y datos del Ayuntamiento de Torrevieja. Si técnicos y políticos logran cerrar este expediente con éxito habrán logrado un hito -desde el punto de vista administrativo, claro está- en la reciente historia municipal. Porque el Ayuntamiento, el quinto de la Comunidad Valenciana en importancia, jamás ha logrado adjudicar a una sola empresa todos esos servicios de forma global. El Ayuntamiento tiene previsto invertir 570.000 euros en cubrir ese servicio. Prorrogables por otros dos años. La contrata está dividida en dos lotes. Uno para cubrir la telefonía fija y otro para la móvil y datos.
Hasta ahora se ha abonado en distintos periodos algunas de las prestaciones -como la telefonía móvil- con informes de reparo de la intervención municipal, que solo se han podido levantar para cumplir con el pago a las empresas con el argumento de que se trata de un servicio de comunicación esencial para el funcionamiento de la administración. Otras tramos de la prestación, fraccionados, se han ido salvando con contratos de menor entidad, o por periodos muy cortos de tiempo.
Durante décadas, varias compañías, desde multinacionales a firmas locales, se han repartido la provisión de la telefonía sin que estuviera amparada por la legislación de contratos públicos. Una de esas operadoras, Telefónica, ha recurrido los pliegos para el nuevo servicio, aunque su alegación ha sido desestimada.
El pliego de condiciones del contrato indica que existen 230 terminales de móviles -el Ayuntamiento cuenta con unos 700 empleados-. Una veintena son instrumentales y controlan datos. Entre el resto de dispositivos, en torno a medio centenar son de gama alta -entre ellos 18 Iphone 4-.
El equipo de gobierno pentapartito, considerando los precedentes, renunció al uso de terminales de propiedad municipal y también a que se les abonara el importe de las llamadas. Parte de esos terminales, derivados de las compensaciones de las empresas a la provisión de servicios en anteriores mandatos, están guardados en un cajón.
Polémica y descontrol
Durante el actual mandato, los asesores de Alcaldía renunciaron a esta prestación. Entre la veintena de asesores solo se usa uno para el envío de datos, sin llamadas. Ni concejales ni personal de confianza renunciaron a los terminales en el anterior mandato, ni tan siquiera cuando estalló «el escándalo de los móviles» a finales de 2012, que se convirtió en un quebradero de cabeza para el entonces alcalde Eduardo Dolón y, que reflejó un total descontrol en la fiscalización del gasto de móviles en el Ayuntamiento durante años.
Por ejemplo, las compañías proveedoras, en 2012, ni tan siquiera habían dispuesto planes de tarifa plana o el gasto por llamadas privadas a cargo del erario por parte de algunos cargos públicos era considerable.
