A un lado del banco, las perchas con la ropa. Al otro, una cafetera y una maleta. Con lo puesto, Fernando Ayete López, de 62 años, permanecía sentado en un del jardín comunitario de las viviendas de la Generalitat, mientras contemplaba cómo dos operarios soldaban la puerta de la casa a la que había entrado un días antes. Aseguraba a INFORMACIÓN que e n el interior se han quedado maletas, papeles, documentación y comida. Trabajaba en una agencia inmobiliaria hasta que estalló la burbuja inmobiliaria. No tiene casa, ni trabajo ni ayuda y ha alternado la calle con casas de amigos. Está empadronado en Torrevieja desde 2003. Su hijo, que recibe una ayuda de 350 euros, sufre una discapacidad del 76%. Los dos, explicaba ayer, están en lista de espera para acceder a una vivienda, cumpliendo los requisitos «desde hace tres años y medio», pero la «Generalitat ya no sabe ni quién está en lista de espera», siempre según su versión. «Yo sé que lo que veo aquí son un montón de casas vacías. Muchas de ellas hechas polvo porque no las ocupa nadie. Y gente que necesita un techo, con situaciones muy difíciles y se las está arreglando. La Policía Local dice que no puedo pasar». Tanto el Ayuntamiento como la Generalitat insistieron ayer en que no se ha obligado a nadie al desalojo, y que en su caso, llegará cuando se produzca una resolución judicial.
