La junta de gobierno de Ayuntamiento de Torrevieja aprobó ayer el informe de resolución de la contrata de recogida de basuras y limpieza viaria de Acciona, en el que se reclama a la multinacional 2,2 millones de euros por los daños provocados al erario municipal derivados de las deficiencias en el desarrollo del servicio que ha prestado durante los últimos 12 años. La liquidación y reclamación de daño resulta de lo más paradójica porque lo hace el mismo Ayuntamiento que debe negociar que la firma que continúe prestando la recogida durante varios meses más, además, sin posibilidad de que esté amparada por contrato, por «causa mayor», al ser un servicio público «esencial». Lo debe hacer desde el 14 de junio, fecha en al que termina su prestación de diez años, con dos ejercicios más de prórroga, iniciada en 2004.

El Ayuntamiento ha decidido apostar por la gestión pública de la recogida de basura y limpieza viaria y de playas pero la financiación para soportar esa opción, 13 millones de euros al año, no está, de momento, validada por los técnicos, ni lo estará cuando termine el contrato de Acciona, al que le quedan tres semanas. La reclamación de daños podría funcionar como un elemento más en la negociación entre el Ayuntamiento y la empresa a la hora de fijar las condiciones del precio del servicio mensual este verano -que puede superar ampliamente el millón y medio mensual-.

El equipo de gobierno señaló ayer que el momento de realizar la liquidación con reclamación a favor del Ayuntamiento era el más adecuado, cuando ya existe, a su juicio, una alternativa iniciada para prestar el servicio a través de la municipalización. La resolución de la contrata se había planteado hasta en tres ocasiones durante el mandato del PP, pero el expediente se dejó caducar, e incluso fue instada por el Consejo Jurídico de la Generalitat. Está avalada en un informe de la oficial mayor, que ya lo solicitaba desde 2013, de más de150 páginas en el que justifica la reclamación de daños en favor del Ayuntamiento de dos millones -el municipio paga 19 anuales por el servicio-, en especial por la carencia del servicio de planta de transferencia que se exigía en el pliego de condiciones cuando fue adjudicada en 2004.

La práctica habitual de Acciona es recurrir todas estas resoluciones ante el contencioso, como ha hecho en otras tantas ocasiones en cuestiones económicas, relacionadas con la contrata, -salpicada por la polémica al ser adjudicada por un procedimiento, que según los juzgados, fue amañado, y que le costó una condena de tres años de cárcel al exalcalde Pedro Hernández-.

Veterinarios y entradas

En la junta de gobierno ayer también se dio luz verde a la modificación del contrato de prestación de servicios veterinarios para el núcleo zoológico municipal. Se ha reducido el número de sacrificios y de viajes a la incineradora y sube el número de castraciones de gatos (proyecto CES) de 103 a 182.

Otro asunto que se abordó en junta de gobierno es el hecho de que haya quedado desierto el contrato del servicio de ventas de entradas para los eventos que se realicen por el Ayuntamiento al no presentarse ninguna oferta.