Personal de la Conselleria de Vivienda, escoltado por agentes de la Policía Local, procedió ayer a «asegurar» y cerrar el acceso a la promoción de 40 viviendas de titularidad pública con las que la Generalitat cuenta en la calle Emilia Pardo Bazán de Torrevieja. El objetivo es evitar nuevas ocupaciones ilegales de pisos, que se han estado produciendo en los últimos días. Entre ocho y doce casas que estaban vacías han sido habitadas -la cifra varía, según las fuentes-. Los nervios están a flor de piel en esta promoción inaugurada a bombo y platillo en mayo de 2008 por Francisco Camps y Pedro Hernández Mateo, y que se ofrecen desde entonces, con éxito muy desigual, en régimen de alquiler para jóvenes con recursos limitados.
Por una parte, están los inquilinos, que llevan, en su mayoría, años pagando religiosamente los más de 280 mensuales que cuesta el arrendamiento -bastante elevado para la oferta del mercado libre en Torrevieja- y que accedieron a las casas por cauces legales y cumpliendo unos requisitos mínimos. La Generalitat dice que son 15 familias, aunque quienes han respaldado las ocupaciones aseguran que no llegan ni a diez. Por otra parte, están las familias que ocupan desde el pasado lunes parte del resto de las viviendas que llevaban vacías años -algunas desvalijadas y abandono-. Esas familias han llegado de la mano del Movimiento Local Stop Desahucios. La concejal de Ciudadanos en Torrevieja, Pilar Gómez, que ya ha subrayado en varias ocasiones que no respalda las ocupaciones, sí explicó en una comparecencia en el acceso al residencial, que se trata de personas en situación «de exclusión social extrema, que han buscado un cobijo aunque sea temporal y que necesitan una solución».
Reparaciones
La Conselleria de Vivienda asegura que estaba habilitando las casas tras años de actos vandálicos, y que ocuparlas va contra el derecho de las 260 solicitantes de vivienda social que hay en lista de espera de Torrevieja. Con ese argumento, la administración autonómica mezcla una lista de espera con otra inexistente. Esta promoción solo se ofrece, de momento para alquiler joven, con precios comparables a los que se pueden encontrarse en el mercado libre. Aunque se está estudiando rebajarlos.
La lista de 260 solicitudes es para viviendas que sean mucho más accesibles desde el punto de vista económico, y para las que la Generalitat solo cuenta con siete disponibles en estos momentos en otra zona de la ciudad, y a punto de adjudicar. Por su parte, el Ayuntamiento no puede aportar «ni una, después de que anteriores gestiones, dilapidaran durante 27 años millones de metros cuadrados de patrimonio de suelo», recordaba ayer la edil portavoz del gobierno Fanny Serrano. La Generalitat está rogando que se realice un desalojo voluntario para que los protagonistas de las ocupaciones no se vean envueltos en un procedimiento judicial.
Los vecinos que pagan el alquiler de esta promoción, inaugurada a bombo y platillo en 2008 por el gobierno autonómico, mostraban ayer su preocupación por el deterioro de la convivencia que supone la entrada irregular de nuevos residentes.
