El alcalde de Orihuela, Emilio Bascuñana (PP), pretende llevar al próximo pleno una propuesta de Alcaldía para limitar las competencias de fiscalización con las que cuenta el interventor, Fernando Urruticoechea, implantando un «sistema de fiscalización previa limitada». En la práctica, y pese a que el objeto de la propuesta pasa por aumentar «la eficacia y eficiencia» de la gestión, supone la posibilidad de aprobar sin informe de Intervención contratos menores -inferiores a 18.000 euros más IVA-, gastos de carácter periódico -sin dar más detalles de cuáles son esos gastos- y «otros gastos menores de 3.005,06 euros que (...) se hagan efectivos a través del sistema de anticipios de caja fija».
Paradójicamente, para la aprobación de esta propuesta es necesario un informe favorable del propio interventor, Fernando Urruticoechea, quien en los últimos años viene advirtiendo de numerosas irregularidades en varios órganos municipales, como la gestión de subvenciones, convenios y otros gastos que no se ajustan a la legalidad. De hecho, solo el año pasado puso cerca de medio centenar de reparos, que de implantarse este sistema de fiscalización previa, se reducirían considerablemente; y no porque los procedimientos se ajusten a la legalidad, sino porque el funcionario no tendría la opción de fiscalizarlos.
Además de los preceptos que se escapan a esa fiscalización previa, Bascuñana deja caer la posibilidad de «que la intervención previa se limite a comprobar» solo dos puntos: la existencia de crédito presupuestario y que el gasto es adecuado a la naturaleza del mismo, que esas obligaciones de gasto se generan por el órgano competente, y otros extremos que, por su trascendencia en el proceso de gestión, se determinen por el pleno a propuesta del presidente»; o lo que es lo mismo, tan solo lo que el equipo de gobierno decida, y previa aprobación plenaria.
Segundo plano
De esta forma, la figura del interventor quedaría relegada a un segundo plano, pues, según la propuesta de Bascuñana «podrá formular las observaciones complementarias que considere conveniente, sin que éstas tengan, en ningún caso, efectos suspensivos en la tramitación de los expedientes correspondientes.
Esta propuesta de Alcaldía, registrada el pasado 12 de mayo, aún no ha llegado a manos del interventor, Fernando Urruticoechea, para la elaboración del informe necesario para su aprobación, si bien, todo parece indicar que se opondrá tajantemente a que sea llevado al pleno.
Por el momento, y a falta de ese informe, todo indica a que esta propuesta tendrá que esperar a la sesión del mes que viene, pues aún en el caso de que Urruticoechea diera su visto bueno, no llegaría a tiempo para la sesión ordinaria de mayo que tendrá lugar el día 26.
De aprobarse, implicaría que «todos los expedientes que se encuentren pendientes de fiscalización a la fecha de la adopción del presente acuerdo se regirán por las normas aquí previstas», salvo que el documento de fiscalización plena de Intervención ya estuviera en el proceso iniciado de firma». Es decir, que paralizaría toda fiscalización que no estuviese completa, por lo que daría luz verde casi de inmediato para tramitar aquellos asuntos que queden pendientes y saltarse así el control del interventor, al no poder realizar fiscalización previa alguna.
