Más de 500 personas se concentraron ayer por la tarde en la Plaza del Carmen, en el Ayuntamiento de Orihuela, para exigir al conseller de Educación, Vicent Marzà, que dé marcha atrás en su decisión de suprimir aulas en la enseñanza concertada. En Orihuela está previsto que se suprima el aula de tres años de Infantil del colegio Jesús María de San Isidro, por la escasa demanda, al no alcanzar el mínimo de alumnos exigido por la Conselleria. Esto no dejaría a los niños fuera del centro, sino que se anexionarían a un aula de Infantil de cuatro años. Las que sí se suprimirían serían dos aulas de primero de la ESO, que incluyen una clase de Educación Especial en el mismo centro. Actualmente, Orihuela cuenta con 270 plazas en la educación concertada para los niños de tres años, frente a las 190 de la oferta pública.
La protesta estuvo secundada por todas las AMPAS de los colegios concertados de la ciudad y recibió el apoyo de organizaciones y sindicatos de toda la provincia. En el manifiesto en defensa de la concertada se criticó que el dinero en Educación vaya para «una Xarxa Llibres que no sirve para nada», así como para la creación de 200 aulas más en toda la Comunidad para niños de dos años y otras 416 en otros niveles, en lugar de a la concertada: «Señor Marzá, tiene usted una fábrica de niños o va a quitárselos a la concertada?», indicaron desde la Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y Padres de Alumnos (Concapa).
Por otra parte, y en pleno proceso de matrícula escolar -ayer fue el último día de admisión de alumnos en todos los colegios-, la Conselleria de Educación ha rebajado las plazas que ofertan algunos colegios concertados para que cumplan con el espacio mínimo que marca la ley por cada escolar. Concapa, denuncia estos hechos por entender que se ha actuado «como reacción a las protestas de los padres que defendemos que no se supriman aulas concertadas y que se trate por igual a todos los centros sostenidos con fondos públicos».
Siempre según los datos recabados por la presidenta de la federación, María Julia Llopis, en el colegio San Antonio de Padua, Franciscanos, de Alicante, se habría recortado el número de plazas a ofertar en un aula de niños de 3 años desde los 25 que fija la ratio por profesor, a 16 alumnos. Este diario contactó ayer con el centro para interesarse por el tema. En otro colegio concertado de Elche, Salesianos de San Rafael, el descenso de alumnado afecta a un par de aulas de infantil que de 50 plazas han tenido que ofertar finalmente 45. «Yo no digo que no se actúe cunado sea necesario porque los metros son los metros, pero no veo justo que se haga ahora. Si lo hubieran avisado en enero los centros habrían actuado y podrían haber retirado algún tabique, pero en pleno periodo de matriculación se mata al centro de turno. Si no llegas a la matrícula necesaria en el aula para niños de 4 años el curso siguiente, te la cierran», lamenta Llopis. La presidenta del colectivo de padres de alumnos asegura que estas actuaciones se han llevado a cabo recientemente: «El lunes de esta misma semana se ha notificado a ambos colegios, y mucho me temo que existan más casos en el resto de la provincia. Aplican la ley, sí, pero jugando sucio», valora. El propio conseller, Vicent Marzà, en el momento en que hizo públicos los criterios de la planificación escolar para el próximo curso, puso precisamente como ejemplo un centro de Alicante, Sagrados Corazones, al que para corregir el exceso de ratio en un aula con 28 alumnos donde debía haber 22, se ha terminado ampliando el concierto a un aula más, al contrario que ahora que en función de la medición legal se han reducido las plazas en otros dos centros al menos. El colectivo de la concertada no ve con buenos ojos las acciones del conseller y replica a sus declaraciones sobre el cumplimento de la ley. «También por ley se han revertido conciertos que se habían suprimido, por ejemplo, en Baleares, por sentencia publicada en 2013».
