El juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Elche ha admitido a trámite una demanda presentada por el Sindicato de Policías y Bomberos (SPPLB) por presuntas irregularidades en el procedimiento para la provisión del puesto de jefe de la Unidad de Tráfico de la Policía Local de Callosa de Segura.

Fuentes sindicales explicaron ayer que se detectaron «varias anomalías» en el procedimiento desde su inicio que se resumen en dos cuestiones. Una de ellas es la «defectuosa publicidad de la convocatoria» ya que el proceso «se inició anunciando en un folio expuesto en el tablón de la Jefatura donde se indicaba que aquellos funcionarios del cuerpo que desearan aspirar a dicho puesto se apuntaran en la misma, sin ningún tipo de información adicional y necesaria según la Ley, como es publicar requisitos, plazos o fases del proceso, entre otras». La segunda de ellas es que «tras recibir las solicitudes de los aspirantes, se dio a conocer un tribunal calificador que no reunía los requisitos y formalidades previstas en la Ley, siendo a posteriori cuando se publicó el baremo de méritos para establecer las puntuaciones de los aspirantes».

El sindicato SPPLB señala que tras realizarse las pruebas «el puesto fue conseguido por un agente del cuerpo (representante sindical de UGT) que obtuvo una mayor puntuación que otros dos aspirantes con categoría de oficial y por tanto, mandos del propio cuerpo».

«No es la primera vez que el gobierno de Callosa de Segura se encuentra en entredicho por causas del proceso de selección», dicen desde el mismo sindicato. En este sentido, recuerdan que hace unas semanas se tuvo que anular un proceso de selección de oficiales de la Policía Local «ante la denuncia de varios opositores por falta de anonimato en la realización de las pruebas psicotécnicas, de las que curiosamente ningún afiliado al sindicato UGT suspendió».

Por todo ello, el SPPLB estima que el actual gobierno tripartito (PSOE, IU y Somos) «tendrá que explicar en sede judicial por qué permitió que se llevara a cabo de la forma descrita el proceso de selección». Asimismo, indica que se ha pedido al presidente de la comisión deontológica estatal del Colegio de Psicólogos que abra un expediente informativo a la psicóloga que realizó las pruebas psicotécnicas en el otro proceso de selección sin garantizar el anonimato de los aspirantes.