Seis familias sin techo ocuparon ayer viviendas de la promoción de titularidad pública con la que cuenta la Generalitat en las inmediaciones de la calle Emilia Pardo Bazán en el entorno de Las Torretas. Las ocupaciones cuentan con el respaldo del Movimiento Stop Desahucios, al que se incorporó ayer la edil portavoz de Ciudadanos y abogada Pilar Gómez Magán.
La concejal y la miembro de la plataforma Desiré Montero ofrecieron una rueda de prensa en el acceso a las viviendas en las que dieron su respaldo a la actuación de las familias, algunas de ellas numerosas, con situaciones difíciles, escasos recursos casos de violencia de género o movilidad reducida e incapacidad de alguno de sus miembros. Montero dijo ayer que los nuevos residentes permanecerán en las casas hasta que la administración autonómica o el Ayuntamiento, den una alternativa. Mientras que Gómez Magán y Montero aseguraban ayer que no habían sido forzadas las cerraduras, vecinos que sí abonan el alquiler y al Ayuntamiento aseguraban que sí se ha hecho, además de mantener que se han provocado desperfectos
La Conselleria de Vivienda, que ya ha denunciado los hechos, reaccionó ayer con un comunicado defendiendo que «se deben respetar los procesos de adjudicación de las viviendas» y aseguró que trabajará para «apoyar el derecho de las 260 personas que, por los cauces legales, piden acceder a una vivienda en Torrevieja». En este sentido, la directora de la Entidad de Infraestructuras de la Generalitat (EIGE), Blanca Marín, dijo no entender los comportamientos de algunos representantes públicos que están «alentando ocupaciones ilegales en viviendas de la Generalitat», ya que, considera que es «intolerable y una falta de respeto».
«Las instituciones públicas debemos velar por los derechos de los ciudadanos y por hacer cumplir la legalidad», indicó. El EIGE explicó ayer que las viviendas estaban en obras para ofrecerlas en alquiler y «actuará firmemente» ante las personas que ocupan ilegalmente viviendas y «no tolerará» que se aliente a hacerlo porque «se está privando a las personas que respetan los procesos de adjudicación y tienen derecho a una vivienda».
La situación planteada por las familias ocupantes, y apoyada por Stop Desahucios y la edil, que además actuaba ayer como mediadora» de esos nuevos residentes, contrasta con la de las parejas y familias que sí abonan el alquiler, en algunos casos desde hace más de cinco años, en quince de las viviendas. Ayer muchas de ellas se planteaban dejar la promoción, ante el deterioro de la convivencia que suponen las ocupaciones.
Caro y con problemas
Esta promoción de viviendas para alquiler joven fue inaugurada por el entonces presidente de la Generalitat Francisco Camps y el alcalde Pedro Hernández en 2008. El nivel de ocupación de estas 40 viviendas ha sido muy desigual.
El organismo de gestión de vivienda pública reclama a los beneficiarios 242 euros mensuales de alquiler, 45 mensuales de comunidad y el abono del IBI, algo que ha impedido la permanencia de muchos inquilinos.
Además las viviendas desocupadas, situadas en el entorno de La Torreta II, con buenos acabados y una superficie de entre 60 y 70 metros cuadrados, han sufrido desvalijamientos por parte de algunos de los inquilinos que las abandonaban. Todo en una ciudad con una planta enorme de viviendas en alquiler más barato.
